Una queja formal fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su renuncia a la consulta interna del Pacto Histórico programada para el próximo 26 de octubre. El documento, radicado por los abogados Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, solicita que se investigue un presunto incumplimiento legal, un posible perjuicio económico al Estado y una eventual inhabilidad para participar en futuras contiendas electorales.

Según los juristas, la decisión de Quintero de retirarse de manera unilateral e intempestiva generó un posible detrimento patrimonial, ya que los materiales electorales, la logística y los recursos públicos destinados a la consulta ya habían sido financiados. En la queja se argumenta que esta situación podría configurar un incumplimiento del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que obliga a los partidos, movimientos y candidatos a reintegrar los gastos en que haya incurrido la organización electoral en caso de renuncia.

El documento también plantea que la renuncia del exmandatario no lo desvincula jurídicamente de la colectividad política que promovió la consulta, por lo que quedaría inhabilitado para postularse a la Presidencia de la República en 2026 por otra organización política. “Su aceptación inicial lo comprometió con los términos y obligaciones del proceso. La posterior renuncia no extingue ese vínculo, sino que activa la inhabilidad establecida por la ley”, señala la queja.

Entre las solicitudes elevadas ante el CNE, los abogados pidieron abrir una investigación administrativa para determinar si la actuación de Quintero incumplió las normas electorales y generó perjuicios económicos al Estado. De igual manera, solicitaron que se investigue a las colectividades políticas que promovieron la consulta interpartidista —Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano— para establecer su grado de responsabilidad política y financiera por no garantizar la ejecución del proceso.

Finalmente, el documento exige que, de comprobarse las irregularidades, se impongan las sanciones correspondientes conforme a la Ley 1475 de 2011 y la Ley 130 de 1994. Además, solicita calcular el monto del posible detrimento patrimonial con base en los informes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y ordenar su recuperación mediante cobro coactivo o deducción de la financiación estatal de los partidos involucrados.

La renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico, anunciada semanas atrás, generó diversas reacciones dentro y fuera del movimiento, avivando el debate sobre la responsabilidad de los candidatos frente a los compromisos adquiridos con las organizaciones políticas y los recursos públicos destinados a los procesos electorales.