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En medio de un nuevo episodio de tensiones políticas, la senadora María Fernanda Cabal presentó ante la plenaria del Senado una proposición formal en la que solicita exhortar al presidente Gustavo Petro a practicarse un examen toxicológico y una evaluación psiquiátrica en un plazo no superior a quince días. La iniciativa se enmarca en una serie de cuestionamientos sobre la salud física y mental del mandatario, que han sido alimentados por declaraciones recientes de figuras públicas y políticas.
La petición, según explicó Cabal, se basa en el artículo 194 de la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, como parte del control político y la exigencia de idoneidad en el ejercicio de la jefatura del Estado. “En Colombia es ilegal conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero manejar un país en esas condiciones no tiene consecuencias”, argumentó la senadora durante la presentación del documento.
La solicitud se produce días después de que el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, afirmara públicamente haber sido testigo de comportamientos que podrían indicar un problema de drogadicción por parte del presidente Petro durante un viaje oficial a Francia. A esto se suman antecedentes como los audios revelados por la Revista Semana, protagonizados por el exministro Armando Benedetti y la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, así como una carta abierta de la periodista María Jimena Duzán publicada en noviembre de 2023, en la que invitaba al jefe de Estado a reconocer y tratar una posible adicción.
La senadora insistió en que no se trata de una persecución personal, sino de una exigencia responsable en beneficio del país: “Una persona con problemas de adicción representa un riesgo para la seguridad nacional. Colombia necesita saber que quien dirige los destinos de la Nación está en condiciones plenas para hacerlo. No se trata de señalar, sino de exigir garantías mínimas para el ejercicio del poder en condiciones óptimas”.
Aunque desde la Casa de Nariño no se ha emitido una respuesta oficial frente a la proposición, la solicitud ha generado fuertes reacciones tanto en el Congreso como en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes la respaldan como una medida de transparencia y quienes la consideran un ataque político sin sustento médico.
El debate, que apenas comienza, podría escalar a nuevas discusiones jurídicas y éticas sobre los límites del control político frente a la privacidad del mandatario y la estabilidad institucional en Colombia.
