Un documento que comenzó a circular en redes sociales en la tarde del 28 de diciembre de 2025 encendió el debate nacional sobre el salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026. El borrador del proyecto de decreto, que aún no ha sido oficializado, propone un incremento del 23 %, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.750.905, es decir, un aumento de $327.405. La cifra se acerca a los $1.800.000 que semanas atrás había mencionado el ministro del Interior, Armando Benedetti, como una referencia del ajuste que analizaba el Gobierno.

El documento aparece justo cuando el ministro de Trabajo había anunciado que la decisión definitiva se conocería entre el 29 y el 30 de diciembre, y se enmarca en la apuesta del Gobierno de Gustavo Petro por introducir el concepto de salario mínimo vital como eje de la política salarial.

Un giro hacia el salario mínimo vital
El borrador plantea que el aumento no responde únicamente a la inflación, sino a un enfoque constitucional orientado a garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores. Según el texto, la decisión se adopta como una medida “debidamente motivada y constitucionalmente razonable” y busca preservar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, avanzar en la materialización del salario mínimo vital consagrado en el artículo 53 de la Constitución y asegurar los mínimos de subsistencia de los trabajadores de menores ingresos, sin afectar la sostenibilidad macroeconómica ni la generación de empleo.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo salario y el decreto entrarían en vigencia el 1 de enero de 2026.

Ajuste gradual y no inmediato
El documento aclara que el objetivo de cerrar la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado no se cumpliría en una sola vigencia fiscal. Por el contrario, se propone un esquema gradual que contemple nuevos incrementos en los años siguientes. El texto señala que el ajuste del 23 % se sustenta en una comparación técnica entre el salario mínimo actual y el salario vital estimado, lo que justificaría el porcentaje como una decisión progresiva y alineada con la sostenibilidad fiscal.

Este enfoque permitiría, según el Gobierno, evitar impactos abruptos en la estructura salarial y dar margen a una evaluación permanente de las condiciones económicas del país.

La postura del presidente y el respaldo internacional
Días antes de la filtración, el presidente Petro había reiterado que por primera vez el salario mínimo se definiría tomando como referencia la canasta mínima vital. En esa línea, sostuvo que el concepto de salario vital quedaría explícito en el decreto y recordó que la Organización Internacional del Trabajo recomienda garantizar ingresos suficientes para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias.

Críticas y advertencias de expertos
No obstante, la propuesta ha generado reparos en sectores académicos y económicos. El economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, advirtió que fijar el salario mínimo con base en el concepto de mínimo vital podría ser un error técnico. Según explicó, el mínimo vital corresponde a un ingreso por hogar, con varios perceptores, y no a un ingreso individual como el salario mínimo, que además incluye otros componentes como subsidio de transporte, primas y cesantías.

Restrepo recordó que un trabajador que devenga un salario mínimo no recibe únicamente el valor base mensual, sino que su ingreso efectivo es mayor cuando se suman los beneficios legales, lo que complica la comparación directa con un salario vital sin una metodología clara.

Riesgos macroeconómicos
A estas advertencias se suman las preocupaciones del Banco de la República, que ha señalado en ocasiones anteriores que incrementos elevados del salario mínimo pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, presionando la inflación, que en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30 %. Además, la entidad ha alertado sobre posibles efectos en el mercado laboral, como una menor generación de empleo formal y un aumento de la informalidad, si los ajustes no guardan relación con la productividad.

Mientras el Gobierno no confirme oficialmente el contenido del decreto, el documento filtrado mantiene abierto el debate sobre el alcance real del aumento salarial de 2026 y sus efectos en la economía, el empleo y el costo de vida de millones de colombianos.