Un nuevo giro toma el proceso judicial contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien podría recuperar su libertad en las próximas horas debido al vencimiento de términos en el caso que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria, que se desempeñó como consejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, permanece privada de la libertad desde diciembre de 2024 mientras avanza la investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción que ha sacudido al Gobierno nacional.

De acuerdo con información conocida recientemente, la excarcelación se daría por el vencimiento de los términos procesales, lo que obligaría a las autoridades judiciales a permitir su salida mientras continúa el proceso en su contra.

El caso de Sandra Ortiz ha estado marcado por señalamientos de alto impacto. Según declaraciones dentro del proceso, la exconsejera habría sido la encargada de entregar una suma cercana a los 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, en medio de una presunta red de sobornos relacionada con contratos de la UNGRD.

Durante el desarrollo de las audiencias, Ortiz ha insistido en su inocencia y ha denunciado presuntas presiones por parte de la Fiscalía para que declarara en contra de altos funcionarios del Gobierno, afirmaciones que han generado controversia en el ámbito político y judicial.

El proceso también ha estado rodeado de múltiples aplazamientos y solicitudes de la defensa, lo que habría incidido en el avance del expediente y en el cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley, situación que ahora abre la puerta a su posible libertad.

Pese a esta decisión, la investigación en su contra continúa activa, por lo que la exfuncionaria deberá seguir compareciendo ante la justicia mientras se define su responsabilidad en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en Colombia.

Este episodio vuelve a poner en evidencia los retos del sistema judicial frente a procesos de alta complejidad, así como el impacto político que generan este tipo de decisiones en medio de investigaciones que involucran a figuras de alto nivel del Estado.

Mientras se concreta la decisión judicial, el caso de Sandra Ortiz continúa generando reacciones en distintos sectores, en un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales temas en la agenda nacional.