La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra pueblos indígenas del departamento de La Guajira entre los años 2002 y 2006, en uno de los fallos más contundentes relacionados con violaciones masivas a los derechos humanos en esa región del país.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los crímenes fueron ejecutados por integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayuu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó bajo órdenes directas de Mancuso y otros máximos cabecillas de ese grupo ilegal. Entre los delitos acreditados por el tribunal se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y hechos de violencia sexual en contra de comunidades indígenas.

Incursiones armadas y violencia sistemática

Dentro de los hechos más graves que sustentaron la condena, el tribunal responsabilizó a Mancuso por la incursión armada en la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, donde miembros de la comunidad wayuu fueron sometidos a golpes durante cerca de cuatro horas. Durante ese ataque, los paramilitares también despojaron a las víctimas de objetos de alto valor cultural, como chinchorros, mochilas y mantas bordadas, lo que agravó el impacto simbólico y material de la agresión.

Asimismo, Mancuso fue hallado culpable del homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Según el expediente judicial, el Frente Contrainsurgencia Wayuu llegó a contar con aproximadamente 150 hombres armados, una fuerza que permitió a las AUC consolidar y expandir su presencia en zonas estratégicas de La Guajira, especialmente en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sanciones económicas e inhabilidad

Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso a Mancuso una multa cercana a los 14 millones de dólares y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la condena. No obstante, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar podría acceder a una pena alternativa de hasta ocho años de prisión, siempre y cuando cumpla de manera estricta con los compromisos de verdad plena, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición.

Antecedentes y situación actual

Salvatore Mancuso fue uno de los principales líderes de las AUC antes de la desmovilización de esa organización en 2006. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 15 años por delitos relacionados con narcotráfico. Tras su retorno a Colombia en febrero de 2024, quedó a disposición de la justicia transicional para responder por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En noviembre de 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz, una figura que le permite actuar como facilitador en procesos de desmovilización y diálogo, sin que ello implique beneficios judiciales adicionales. Sin embargo, esta designación fue demandada por la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Estado, al advertir posibles irregularidades en el procedimiento, la falta de participación de las víctimas y los riesgos que supone otorgar un rol institucional a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La decisión judicial reabre el debate nacional sobre los alcances de la justicia transicional, el equilibrio entre paz y sanción efectiva, y la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación a las comunidades indígenas que durante años han reclamado reconocimiento y dignificación por los hechos sufridos.