La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional desató una crisis política que evidenció la ruptura entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. El resultado de la votación no solo significó una derrota para el Ejecutivo, sino que generó una reacción inmediata: la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, solicitó la renuncia de tres ministros provenientes de partidos aliados, Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Diana Morales (Comercio).

Con apenas un año de mandato restante, la gran incertidumbre gira en torno al futuro de las principales apuestas legislativas del Gobierno, como la Reforma Tributaria, la Reforma a la Salud y el nuevo proyecto de sometimiento a la justicia. Además, el Ejecutivo espera la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, pieza clave para la gestión de su último año.

Analistas coinciden en que el panorama es adverso. Gabriel Cifuentes, analista político, señaló que esta derrota refleja la pérdida de las mayorías en el Senado y advirtió que la cercanía con la campaña presidencial del 2026 hará aún más difícil el trámite de proyectos de alto impacto. “Es una cuarta legislatura, usualmente estéril en materia legislativa, donde los congresistas están más concentrados en la contienda electoral que en sacar adelante reformas”, apuntó.

Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de Pares, sostuvo que el Gobierno perdió por completo la capacidad de construir consensos con el Congreso. “La Reforma Tributaria no va a tener trámite en el Senado y cualquier otra iniciativa legislativa también enfrentará el mismo destino”, afirmó.

En la misma línea, el consultor Jairo Libreros recalcó que con la ruptura definitiva de la coalición, las banderas del Ejecutivo quedarán archivadas. “Los proyectos de financiamiento, sometimiento a la justicia y la reforma a la salud son inviables y naufragarán en las comisiones constitucionales del Congreso. Los partidos buscan marcar distancia para proyectarse como alternativa real de poder en 2026”, explicó.

La situación ya se refleja en la Reforma a la Salud, cuyo tercer debate está estancado desde hace cinco meses en la Comisión Séptima del Senado, mientras que el proyecto de sometimiento aún no arranca su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

El quiebre político deja al Gobierno en una posición frágil, enfrentando el cierre de su mandato con un Congreso que difícilmente dará trámite a sus proyectos estructurales, lo que augura un año de tensión y parálisis legislativa.