El ruido generado por motocicletas con escapes alterados se convirtió en motivo de sanción económica, inmovilización y control estricto por parte de las autoridades. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025, el Gobierno nacional implementó nuevas medidas contra la contaminación acústica generada por motocicletas que superen los niveles de ruido permitidos. Esta normativa, conocida popularmente como la Ley contra el ruido, busca reducir las molestias sonoras en zonas urbanas y proteger la salud y convivencia de los ciudadanos.

Uno de los aspectos más importantes de la ley es la fijación de un límite máximo de sonido de 86 decibeles para todos los tipos de motocicletas. Los vehículos que excedan este nivel sonoro o que tengan sistemas de escape modificados pueden ser objeto de sanciones económicas y administrativas.

Las motos que superen el nivel de ruido permitido pueden ser sancionadas con una multa de hasta $1.208.000 pesos, catalogada bajo la infracción D17 por perturbación a la tranquilidad y contaminación acústica. Además, cuando se detectan dispositivos que alteran el sonido original del escape, la sanción puede ubicarse en torno a $604.000 – $711.750 pesos, de acuerdo con la clasificación de la infracción C28.

Además de la sanción económica, los conductores pueden enfrentar otras medidas:

•Inmovilización inmediata de la motocicleta.

•Retiro del vehículo hasta que se corrija la falla.

•Rechazo en revisiones técnico-mecánicas.

•Pérdida de garantía en caso de modificaciones no autorizadas.

El Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito señalaron que estas medidas no solo buscan castigar, sino promover una cultura de respeto por el entorno y la convivencia. Las zonas residenciales y áreas de alta circulación, donde el ruido afecta el descanso y la calidad de vida de las personas, serán prioridad en los controles.

Los conductores y propietarios de motocicletas deberán tomar conciencia de estas nuevas disposiciones y verificar que sus vehículos cumplan con los estándares exigidos para evitar sanciones que pueden representar un significativo gasto económico.