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Reforma del sistema de salud: Ausencia del Ministro de Salud en el control político

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En medio de la controversia sobre la salud de los maestros y los recientes audios filtrados del ministro de salud, que han provocado protestas y manifestaciones de sindicatos de maestros esta semana, el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, estaba convocado a un debate de control político el miércoles 22 de mayo pero no asistió. También se esperaba la presencia de la Ministra de Educación, el presidente de la Fiduprevisora y la vicepresidencia del Fondo de Prestaciones FOMAG, quienes sí se presentaron en el recinto esa mañana.

Aunque la sesión no comenzó en la Comisión Primera del Senado, David Luna del Centro Democrático, quien convocó el debate, advirtió que los directivos del FOMAG y el nuevo modelo podrían estar incurriendo en prevaricación. Luna expresó su preocupación por la crisis en la salud de los docentes y la comparó con el caso de los carrotanques para La Guajira.

En Caracol Radio se solicitó entrevistar a los directivos del FOMAG, incluyendo a la gerencia nacional de salud, pero se encontraron con la renuncia del funcionario y la asunción de María Mercedes Petro en su lugar. Desde el Congreso, la ministra de Educación, Aurora Vergara, fue la encargada de responder a los medios de comunicación.

Vergara mencionó que están avanzando en la transición del modelo, trabajando para contratar entidades prestadoras de salud y asegurar la llegada de medicamentos a los departamentos, especialmente en Chocó, Antioquia y Meta.

Otro funcionario que debía responder en el control político era el presidente de la fiduciaria La Previsora, Jhon Mauricio Marín, quien asistió al recinto de la Comisión Primera. Marín declaró que están trabajando arduamente para implementar el acuerdo 003 del FOMAG y restablecer el servicio de salud de los docentes, tomando nota de las quejas para solucionar los problemas en un corto plazo.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas cautelares a la Fiduprevisora, en respuesta a preocupaciones jurídicas que el ente de control y vigilancia considera dentro de su competencia.