El Congreso de la República dio luz verde a la Reforma Constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), estableciendo un incremento gradual en las transferencias de recursos a departamentos, distritos y municipios. La reforma fue avalada por la plenaria de la Cámara de Representantes y busca fortalecer la descentralización financiera del país.
Aumento progresivo de transferencias
La reforma contempla que las transferencias a las entidades territoriales aumenten al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación, de manera gradual a partir de 2027, y con una implementación extendida por 12 años.
El representante Carlos Ardila, ponente de la iniciativa, advirtió que el acceso a estos recursos estará condicionado a la aprobación de una Ley de Competencias, que deberá ser tramitada en un plazo máximo de 12 meses. Según Ardila, esta reforma respeta los límites establecidos por la regla fiscal y se ajusta al marco fiscal de mediano plazo.
Objetivos de la reforma
El Ministerio del Interior destacó que esta reforma al SGP es un paso crucial para cumplir con el espíritu de la Constitución de 1991, que busca devolverles autonomía a las regiones en la asignación y ejecución de recursos. El aumento de las transferencias está orientado a mejorar la financiación en áreas prioritarias como:
- Educación
- Salud
- Saneamiento básico
Un debate con ausencias clave
Aunque el debate fue aprobado, estuvo marcado por la ausencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, quienes no participaron en la sesión final.
Impacto esperado
Con la aprobación de esta reforma, se busca fortalecer las capacidades de inversión de las regiones, permitiéndoles desarrollar proyectos y programas alineados con sus necesidades específicas. Además, se espera que la descentralización financiera fomente un desarrollo más equilibrado y sostenible en todo el país.
La implementación de la reforma iniciará con la estructuración de la Ley de Competencias, cuyo éxito será clave para garantizar que estos recursos adicionales sean utilizados de manera eficiente y efectiva en beneficio de las comunidades locales.
