La Refinería de Cartagena, filial de Ecopetrol, se encuentra ante un escenario jurídico decisivo luego de que el Tribunal Superior de Cartagena revocara en primera instancia una acción de tutela con la que buscaba frenar el cobro de IVA exigido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la importación de combustibles. Con esta decisión, la empresa queda obligada a acudir a la vía judicial ordinaria si pretende evitar el pago de un retroactivo que asciende a cerca de 1,3 billones de pesos.

Analistas en materia tributaria coinciden en que la única alternativa viable para la refinería es interponer una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, acompañada de la solicitud de medidas cautelares que permitan suspender el cobro mientras se resuelve el fondo del litigio. De no hacerlo, el proceso podría extenderse por varios años y obligar a la compañía a asumir el pago mientras se define la legalidad de la actuación de la DIAN.

Cristian Quiñones, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, explicó que este tipo de controversias puede tardar hasta cinco años en resolverse, razón por la cual resulta clave solicitar la suspensión provisional de los cobros. De no prosperar esa medida, la refinería tendría como opción suscribir un acuerdo de pago y continuar el proceso judicial, con la posibilidad de reclamar posteriormente la devolución de los recursos si el fallo le resulta favorable.

Quiñones también cuestionó la solidez de los argumentos de la DIAN, al advertir que el cobro se estaría aplicando de manera retroactiva, lo cual contraviene principios básicos del derecho tributario. Según la entidad, la deuda se origina en la importación de combustibles a la zona franca donde opera la refinería, operación que, bajo el nuevo criterio de la DIAN, estaría sujeta al IVA.

En la misma línea, el exdirector de la DIAN Lisandro Junco sostuvo que la tutela no era el mecanismo adecuado para controvertir este tipo de actuaciones administrativas. En su concepto, la Refinería de Cartagena debe presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que dieron origen al cobro, así como promover ante el Consejo de Estado la nulidad de los conceptos en los que se apoya la DIAN para gravar las importaciones de combustibles.

Junco enfatizó que también es indispensable solicitar medidas cautelares para lograr la suspensión de los cobros mientras las autoridades judiciales se pronuncian de fondo. A su juicio, el reclamo carece de legitimidad, pues se trata de exigencias sobre vigencias anteriores y aplicadas a una operación realizada en zona franca.

El exdirector recordó además que en años recientes, como 2021 y 2022, la propia DIAN había sostenido que este tipo de importaciones no causaban IVA, por lo que el cambio de criterio vulnera principios del derecho administrativo y afecta la seguridad jurídica de la empresa y del sector.

Con este panorama, la disputa entre la Refinería de Cartagena y la DIAN se perfila como un litigio de alto impacto fiscal y jurídico, cuyo desenlace podría sentar un precedente clave para el tratamiento tributario de las importaciones de combustibles en zonas francas del país.