La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para establecer posibles irregularidades relacionadas con un evento social realizado en Nicaragua, en el que habría participado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y actualmente prófugo de la justicia colombiana. La investigación apunta a funcionarios aún no identificados de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en ese país centroamericano.

El organismo de control busca esclarecer si servidores públicos tuvieron algún grado de participación en la actividad, si se utilizaron recursos del Estado y si se incumplieron deberes legales, entre ellos la obligación de colaborar con la captura de González, quien tiene vigente una orden internacional. El evento en cuestión habría sido una celebración con música vallenata realizada el 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

Carlos Ramón González es señalado como una de las figuras clave en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y actualmente permanece asilado en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su presencia en un acto social vinculado a instancias diplomáticas colombianas generó una fuerte controversia política y jurídica.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al caso y aseguró que solicitará explicaciones para determinar si funcionarios de la embajada colombiana estuvieron involucrados en la organización o desarrollo del evento. La Procuraduría, por su parte, anunció que decretará pruebas con el fin de identificar responsabilidades disciplinarias y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la actividad.

Mientras avanza esta indagación, el proceso judicial contra González continúa su curso en Colombia. La Corte Suprema de Justicia se alista para adelantar el juicio en su contra por su condición de exalto funcionario. El expediente quedó en manos de la magistrada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala de Primera Instancia, quien deberá fijar en 2026 la fecha de la audiencia de acusación, incluso si el procesado permanece fuera del país.

Las investigaciones señalan a González como uno de los principales articuladores del entramado de corrupción en la UNGRD. Según la Fiscalía, habría coordinado la entrega de millonarios sobornos, entre ellos tres mil millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name y mil millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle, ambos también bajo investigación de la Corte Suprema.

El Gobierno colombiano solicitó formalmente su extradición a Nicaragua el pasado 15 de agosto, luego de conocerse que González había obtenido residencia en ese país. Sin embargo, el régimen nicaragüense confirmó la concesión del asilo político, lo que generó un choque diplomático entre ambos Estados. Colombia ha reiterado que González es requerido por la justicia por delitos comunes y no por razones políticas, por lo que, a su juicio, no cumple los requisitos para la figura del asilo.

La Fiscalía imputó a González los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que el proceso penal continuará independientemente de que se logre o no hacer efectiva la circular roja de Interpol. Desde mayo, cuando se formalizó la imputación, el exfuncionario permaneció con paradero desconocido hasta que se confirmó su permanencia en Nicaragua.

Con la indagación disciplinaria en curso y el proceso penal avanzando en la Corte Suprema, el caso de Carlos Ramón González sigue escalando y se consolida como uno de los episodios más delicados del actual panorama judicial y político del país.