La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, tras detectar presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá a la empresa Princeton International Holding, representada por el empresario Serafino Iacono, figura ampliamente reconocida en la industria de hidrocarburos.

Según el documento oficial del Ministerio Público, Roa no habría declarado un posible conflicto de interés antes de asumir la presidencia de la petrolera estatal, tal como lo exige la ley. El inmueble fue adquirido días antes de su posesión como presidente, en una transacción que ha sido señalada por varios sectores como sospechosa, por su aparente valor inferior al comercial. El caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría por el ciudadano Duverney Ardila Germán de Ribon, en diciembre de 2023.

De acuerdo con el auto de apertura de la investigación, la compra del apartamento 901 en Bogotá se realizó a través de Princeton International Holding, compañía que según registros mercantiles y revelaciones periodísticas, ha estado vinculada a Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales y de la petrolera Lewis Energy, firma con la que Ecopetrol y su filial Hocol han firmado contratos en los últimos años.

La investigación busca establecer si existieron negocios entre Ecopetrol y empresas asociadas al empresario, mientras Roa ejercía funciones directivas en la compañía, y si el presidente debió declarar un conflicto de interés por el vínculo comercial previo.

“Hasta el momento no se advierte que el señor Ricardo Roa haya declarado el referido conflicto de intereses”, señala el documento emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa, firmado por la procuradora Tatiana Moreno Shett.

Como parte de la actuación, el ente de control requirió a Ecopetrol y varias entidades del sector energético entregar documentación sobre contratos firmados entre 2022 y 2025 con compañías como Lewis Energy, NG Energy y Princeton Holding. También se solicitó información a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Refinería de Cartagena, Cámara de Comercio de Bogotá y notarías que participaron en las transacciones inmobiliarias.

Asimismo, la Procuraduría verificará si Roa presentó su declaración de conflictos de interés al momento de posesionarse y durante su permanencia en el cargo, conforme a la Ley 2013 de 2019. De encontrarse alguna omisión, se configuraría una falta disciplinaria por ocultamiento de información relevante.

El escándalo ha generado nuevas inquietudes sobre la transparencia en los más altos niveles de la administración pública y el rigor con el que se gestionan los potenciales conflictos de interés en empresas estatales estratégicas como Ecopetrol. A esto se suma la reciente salida del director de cumplimiento de la compañía, Alberto Vergara, por otro contrato cuestionado de 5,8 millones de dólares.

La investigación disciplinaria continúa en curso y de comprobarse alguna irregularidad, podría tener consecuencias significativas para la continuidad de Roa al frente de la principal empresa petrolera del país. Mientras tanto, la ciudadanía y el Congreso observan con atención los movimientos del ente de control.