El presidente Gustavo Petro confirmó que el menor de edad capturado tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay formaba parte del programa gubernamental Jóvenes en Paz, una iniciativa social diseñada para ofrecer oportunidades a jóvenes en riesgo en varias regiones del país. Esta revelación ha generado una fuerte reacción política y social, alimentando el debate sobre el alcance y los controles de dicho programa.

El joven, cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor, fue intervenido quirúrgicamente luego de resultar herido durante su captura. Debido a su estado de salud, las autoridades aún no han podido interrogarlo formalmente, lo que ha retrasado la obtención de información clave para esclarecer los hechos.

Pese a estas limitaciones, la Fiscalía ya legalizó su captura y se prevé que el joven enfrente cargos por intento de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ante la gravedad del caso, el ente acusador ha solicitado una medida de internamiento especial, proponiendo que el menor sea recluido temporalmente en el búnker de la Fiscalía y no en una institución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como es habitual en casos que involucran a menores de edad. Esta medida busca preservar su seguridad y facilitar el avance de la investigación.

De manera paralela, se indaga si el joven tiene vínculos con redes criminales y si está relacionado con otros atentados registrados recientemente en el país. Las autoridades trabajan contra el tiempo para determinar si este caso es un hecho aislado o parte de un entramado delictivo más amplio.

El presidente Petro no solo confirmó la participación del menor en el programa Jóvenes en Paz, sino que aseguró que se revisarán a fondo los protocolos de ingreso, seguimiento y supervisión de los beneficiarios. Mientras tanto, la oposición ha aprovechado la situación para cuestionar la eficacia de esta estrategia gubernamental, señalando fallas en los filtros de control y supervisión del proyecto.

Desde lavibrante.com continuaremos haciendo seguimiento detallado a este caso que no solo ha sacudido al país por su impacto político, sino que también reabre el debate sobre las políticas públicas dirigidas a la juventud vulnerable y su papel dentro del tejido social y de seguridad nacional.