La región del Catatumbo , en el nororiente de Colombia, enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Según informes oficiales, más de 36.000 personas han sido desplazadas forzosamente en lo que va del año debido a la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC . Esta situación, que también ha generado confinamientos, asesinatos selectivos y un flujo migratorio hacia Venezuela, llevó al presidente Gustavo Petro a decretar el estado de conmoción interior en esta región y en otros municipios afectados.

El decreto 0062, firmado el 24 de enero de 2025, establece la medida por un período de 90 días, a incluir no solo los municipios del Catatumbo, sino también el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González , en el departamento del César. Según informó el Gobierno, esta decisión se fundamenta en el artículo 213 de la Constitución Política, que permite declarar este estado excepcional en casos de grave perturbación del orden público que amenacen la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.

Escalada de violencia y desplazamientos masivos

De acuerdo con el decreto, la situación en el Catatumbo se ha deteriorado significativamente desde el 16 de enero de 2025, cuando se intensificaron los ataques del ELN contra la población civil y las instituciones. Estas acciones han provocado una crisis humanitaria que afecta especialmente a comunidades vulnerables, como el pueblo indígena Barí , líderes sociales, campesinos y menores de edad.

El documento oficial detalla que, hasta el 21 de enero, se han registrado 381 homicidios, entre ellos cinco firmantes del acuerdo final de paz. Además, se reportan múltiples casos de desapariciones forzadas y lesiones personales, aunque las cifras podrían ser mayores debido a las dificultades para acceder a las zonas más afectadas.

En cuanto al desplazamiento forzado, el Comité de Justicia Transicional informó que, hasta el 22 de enero, 36.137 personas han abandonado sus hogares. Este número contrasta con los 5.422 desplazados registrados durante todo el año 2024, lo que evidencia la magnitud de la crisis actual. De los desplazados, 16.482 se encuentran en albergues y refugios en distintos municipios de Norte de Santander , mientras que otros han cruzado la frontera hacia Venezuela. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 17 y el 19 de enero, se registraron flujos migratorios de hasta 700 personas diarias hacia el país vecino.

Impacto en la infraestructura y servicios básicos

La violencia también ha afectado gravemente la infraestructura y los servicios esenciales en la región. Según el decreto, las hostilidades han dificultado el mantenimiento de servicios públicos como agua, energía y gas, lo que pone en riesgo la calidad de vida de la población. Asimismo, se reportan problemas en la atención de servicios primarios de salud y en la provisión de asistencia humanitaria.

En municipios como Tibú , Teorama y San Calixto , más de 7.000 personas permanecen confinadas debido a los enfrentamientos armados, lo que agrava aún más la crisis. Las autoridades locales, como la Alcaldía de Cúcuta, han atendido a más de 15.000 personas afectadas por el conflicto, pero enfrentan un desbordamiento institucional que limita su capacidad para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.

Cultivos ilícitos y economías ilegales como motor del conflicto

El decreto también señala que la región del Catatumbo concentra una de las mayores áreas de cultivos ilícitos en el país. Según datos oficiales, en 2022 se registraron 43.178 hectáreas de cultivos de coca en los municipios de Norte de Santander, de las cuales el 63,3 % se encontraban en Sardinata y Tibú . Este fenómeno ha sido un factor clave en la financiación de las actividades ilegales del ELN y otros grupos armados, que han incrementado sus ataques en la zona.

En el marco de su política de Paz Total , el Gobierno ha implementado programas para la sustitución de cultivos ilícitos y la promoción de economías legales en la región. Sin embargo, el decreto reconoce que estos esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la reactivación del mercado de la coca y el aumento de la violencia.

Medidas extraordinarias para restablecer el orden

Con la declaratoria de conmoción interior, el Gobierno queda facultado para emitir decretos legislativos que permitan enfrentar las causas de la crisis y evitar su propagación. Esto incluye la posibilidad de suspender leyes incompatibles con este estado de excepción.

El decreto enfatiza que la medida busca restablecer la estabilidad institucional, garantizar la seguridad del Estado y proteger los derechos fundamentales de la población. Además, subraya la necesidad de adoptar acciones extraordinarias para atender la crisis humanitaria y mitigar los impactos de la violencia en la región.

La situación en el Catatumbo y las áreas circundantes representa uno de los mayores desafíos para el Gobierno de Gustavo Petro, que deberá equilibrar la implementación de su política de Paz Total con la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.