Funcionarios de la Cancillería de Colombia fueron denunciados ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por la configuración de un presunto caso de corrupción.
Las denuncias se evidenciaron a partir de un convenio que fue firmado en noviembre de 2022 con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuyo monto era de 125 millones de pesos, y tenía por objeto, hacer la revisión de las especificaciones técnicas del proceso contractual para las libretas que poseen un valor total de 600.000 millones de pesos.
Los funcionarios de la Cancillería que fueron denunciados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir son José Antonio Salazar, secretario general de esa entidad, Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez, en aquel entonces asesora de la Secretaría General y hoy coordinadora del Grupo de Contratación y Eduardo Alexander Franco Solarte, director Administrativo y Financiero.
A pesar de las recomendaciones que realizó la OACI en dicha consultoría, los funcionarios denunciados omitieron las recomendaciones y expidieron unos pliegos de condiciones que, según la queja, solo favorecieron al actual proveedor que al final fue el único que se pudo presentar en la licitación y que es la firma que lleva más de 20 años con ese contrato, es decir, Thomas Greg and Sons.
Según los denunciantes: “Se identificaron una serie de funcionarios quienes sin ningún tipo de apoyo técnico desconocieron un informe de consultoría de una autoridad internacional, (…) y fundándose en el mismo confeccionaron un Pliego de Condiciones que estableció inequívocamente como único proponente al contratista actual que provee los pasaportes a contratar con base en la Licitación Pública # 001 de 2023, estableciendo condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que aspirará a concursar en el anotado proceso de selección”.
Testimonio de los denunciantes
Las denuncias se basan en un convenio que fue firmado en noviembre de 2022 con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que costó 125 millones de pesos.
