La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde a la extradición de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Sin embargo, la decisión final está ahora en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá determinar si autoriza o no su envío al país norteamericano.

Rojas, identificado como comandante de los Comandos de Frontera, fue capturado el pasado 13 de febrero de 2025 en un hotel del norte de Bogotá, mientras participaba en una reunión de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y esa estructura armada. Su detención respondió a una circular roja de Interpol, solicitada por la Corte del Distrito Sur de California, que lo acusa de coordinar envíos de cocaína hacia Estados Unidos.

La Corte, tras estudiar el caso, consideró que la solicitud de extradición cumplía con los requisitos legales y constitucionales. No obstante, aclaró que su pronunciamiento tiene carácter consultivo, por lo que el jefe de Estado es quien tomará la decisión definitiva sobre si se concreta la entrega del señalado narcotraficante.

Alias ‘Araña’ es uno de los principales líderes de los Comandos de Frontera, grupo armado que opera en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, y que mantiene presencia activa en zonas limítrofes con Ecuador y Perú. Informes de inteligencia señalan que esta estructura cuenta con más de mil hombres y que controla rutas estratégicas del narcotráfico y de la minería ilegal.

Antes de asumir el mando de los Comandos de Frontera, Rojas hizo parte de la organización ‘La Constru’, aliada del antiguo Bloque Sur de las FARC. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, recuperó su libertad, pero posteriormente regresó a las actividades ilícitas, consolidándose como una figura clave del tráfico de drogas en el sur del país.

El caso de alias ‘Araña’ ha generado un nuevo dilema político y jurídico para el Gobierno, ya que su grupo forma parte de los acercamientos de la “paz total” promovida por Petro. La extradición podría interpretarse como una ruptura en el proceso de diálogo, mientras que su permanencia en el país podría afectar las relaciones con Estados Unidos en materia de cooperación judicial.

La decisión presidencial definirá no solo el futuro de Rojas, sino también el equilibrio entre los compromisos internacionales de Colombia y la estrategia de negociación con los grupos armados. De esta determinación dependerá, en buena medida, la credibilidad del Gobierno frente a su política de paz y su manejo de las exigencias de la justicia estadounidense.