El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes durante un consejo de ministros que expedirá un acto administrativo para prohibir el ingreso al país de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y de lo que calificó como “todos sus amigos mafiosos”. La decisión responde a la reciente orden de captura internacional que involucra al actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La orden, revelada por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, señala a ambos exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Las acusaciones estarían relacionadas con las investigaciones sobre el caso Odebrecht adelantadas en ese país.

“Usted tiene que expedir el acto administrativo, que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia, y de todos sus amigos mafiosos, todos”, instruyó Petro a la canciller Laura Sarabia durante la reunión celebrada en la Casa de Nariño. “No entra a Colombia. Se prohíbe su entrada. Por denostar de gente honesta de Colombia y por burlarse de la dignidad del país”, agregó.

El mandatario colombiano reaccionó con firmeza a lo que considera una retaliación contra quienes lideraron importantes investigaciones contra redes de corrupción internacional. Iván Velásquez fue jefe de la Cicig, organismo respaldado por Naciones Unidas, mientras que Camargo se desempeñó como una de sus asesoras claves. Ambos han sido reconocidos internacionalmente por su labor anticorrupción en Guatemala y otros países de la región.

La decisión del presidente Petro se alinea con el pronunciamiento oficial del Gobierno guatemalteco presidido por Bernardo Arévalo, que también rechazó de manera enfática la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial. En un comunicado, el Ejecutivo guatemalteco afirmó que la orden “no cuenta con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, y se desligó públicamente de las acciones impulsadas por la Fiscalía.

El Gobierno colombiano, por su parte, ve en estas órdenes una persecución política y judicial que busca desacreditar el trabajo de funcionarios que lucharon frontalmente contra la corrupción en América Latina. Petro ha reiterado que la defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad del país son principios no negociables en su administración.

La medida administrativa anunciada por el mandatario será firmada en los próximos días, consolidando una postura diplomática firme frente a lo que ha llamado una “burla a Colombia” y una afrenta directa contra dos de sus principales funcionarios de justicia.

Este nuevo episodio aumenta la tensión entre los sistemas judiciales de ambos países y sitúa nuevamente a la lucha contra la corrupción como tema central en la política exterior colombiana.