El presidente Gustavo Petro encendió el debate político nacional tras lanzar graves acusaciones contra varios líderes locales y sectores opositores, a quienes señaló de promover una supuesta campaña internacional para relacionarlo con actividades de narcotráfico. Las declaraciones se dieron durante su visita a Cali, en el marco de la entrega del Multicampus Universitario La Ladera, un proyecto educativo que agrupa siete instituciones técnicas y universitarias en la Comuna 20.

Según el mandatario, dirigentes como los alcaldes de Cali y Medellín, Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, habrían sostenido reuniones en Miami y Washington con sectores políticos de la extrema derecha estadounidense. Allí, afirmó, se habría planteado una “estrategia” para presentar ante el mundo al presidente de Colombia como un aliado del narcotráfico. Petro mencionó también a periodistas y figuras políticas que, según él, participaron en esos acercamientos.

El presidente agregó que este grupo habría acudido al senador Marco Rubio para pedir que el expresidente Donald Trump “tomara acciones” contra él. Un señalamiento que, de ser cierto, marcaría un punto sin precedentes en la confrontación política entre gobierno y oposición.

En uno de los apartes más delicados de su intervención, Petro aseguró que decenas de alcaldes no alineados con el progresismo participaron en una reunión virtual con un ciudadano estadounidense que habría dicho actuar en nombre del Gobierno norteamericano. En ese espacio, según el mandatario, se habría discutido el envío de dólares destinados a financiar compra de votos a través del Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente advirtió que dio la orden a la Policía Nacional de capturar a cualquier persona que sea sorprendida comprando votos, especialmente en el Valle del Cauca. “La prioridad es garantizar el voto libre”, señaló, recalcando que no se trata de instrucciones que comprometan el uso ilegítimo de la fuerza.

Durante su discurso, Petro también criticó la forma como se manejó el estallido social ocurrido hace cuatro años. Recordó que este mes se paga la última cuota del préstamo adquirido durante el gobierno de Iván Duque para atender la crisis, y cuestionó que gran parte de esos recursos —según él— se destinaron a subsidiar nóminas de grandes empresas. También reprochó la falta de avances en investigaciones sobre abusos ocurridos durante las manifestaciones.

“El país no puede aceptar que jóvenes que protestaron estén hoy presos acusados de terrorismo, mientras no se abren procesos disciplinarios contra quienes debieron garantizar el respeto de los derechos humanos”, afirmó.

Petro cerró su intervención insistiendo en que protestar no es un delito y ampliando su mensaje a temas migratorios: “Un joven que protesta no es un terrorista. Un latinoamericano en Estados Unidos no es un terrorista. Una persona pobre que termina en una lancha rumbo al Caribe por necesidad, involucrada en un tráfico ilícito, no es un terrorista”.

Las declaraciones del presidente se suman a un ambiente político ya tensionado por las próximas elecciones y han generado reacciones desde distintos sectores del país, que exigen pruebas de sus señalamientos o, en su defecto, la apertura de investigaciones que aclaren la situación.