Una nueva controversia sacude el panorama legislativo colombiano tras la expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional que implementaría varias disposiciones de la fallida reforma a la salud. El Partido Conservador, en respuesta inmediata, radicó una solicitud formal ante la Procuraduría General y la Contraloría para que adopten medidas preventivas y de vigilancia, alertando sobre posibles riesgos para los derechos de los pacientes y la estabilidad del sistema.

La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, calificó la acción del Gobierno como una “incoherencia total” y un acto que desconoce al Congreso de la República. Según la congresista, mientras desde la Casa de Nariño se insiste en tramitar una reforma por vía legislativa, el Ministerio de Salud avanza paralelamente con un decreto que, según ella, excede su función reglamentaria. “No solo se ignora al legislativo, se pone en riesgo grave la atención médica de millones de colombianos. Es una clara imposición unilateral de un modelo sin consenso”, afirmó.

Blel advirtió que el decreto representa una modificación profunda al sistema actual “por la puerta de atrás”, afectando no solo la prestación de servicios y tratamientos, sino también vulnerando los principios democráticos e institucionales del país. “Hemos elevado solicitudes a los órganos de control para salvaguardar tanto los derechos de los pacientes como los recursos del sistema, que no pueden quedar a merced de decisiones improvisadas”, enfatizó.

La polémica se ha intensificado en el Congreso, donde la mayoría de bancadas ven esta decisión como un acto unilateral del Ejecutivo que irrumpe el equilibrio entre poderes. La senadora Paloma Valencia también expresó su rechazo al señalar que el decreto pretende eliminar de facto a las EPS y transferir sus funciones a las entidades territoriales, lo cual, según explicó, infringe el marco legal vigente. “Las funciones de las EPS están establecidas por ley y no pueden ser suprimidas por decreto. Este acto es inconstitucional y será demandado”, sentenció.

Valencia agregó que la nueva normativa “cambia por completo la estructura de dirección, administración y operación del sistema de salud”, contradiciendo directamente la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores. Para varios congresistas, el contenido del decreto constituye una intervención estructural al modelo actual, que debe ser debatido y aprobado democráticamente.

Mientras tanto, algunos senadores de la Comisión Séptima, que en el pasado lideraron el archivo del proyecto de reforma, analizaban avanzar en una propuesta de contrarreforma concertada con el Gobierno. Sin embargo, tras la expedición de este polémico decreto, esa posibilidad podría perder fuerza ante la creciente desconfianza en la voluntad de concertación por parte del Ejecutivo.

La salud, tema prioritario para los colombianos, vuelve así al centro del debate nacional, esta vez bajo la lupa de la legalidad y del respeto a la institucionalidad democrática. Los próximos días serán decisivos en la respuesta de los órganos de control y la eventual judicialización del llamado “decretazo”.