La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, elevó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se suspenda de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

La petición fue presentada a través de un extenso escrito radicado ante el alto tribunal, en el que la dirigente política sostiene que la medida adoptada por el Ejecutivo desconoce de forma directa los límites establecidos en la Constitución Política de 1991 para la declaratoria de estados de excepción. En su concepto, no existen los presupuestos jurídicos ni fácticos que justifiquen la activación de una emergencia económica por razones estrictamente legislativas.

En el documento, Valencia solicita que se adopte una medida cautelar mientras la Corte estudia de fondo la legalidad del decreto legislativo 1390 de 2025. Asegura que la suspensión provisional es necesaria para evitar que se consoliden efectos irreversibles y para proteger la supremacía constitucional, sin que ello implique un pronunciamiento anticipado sobre el fallo definitivo.

La senadora argumenta que el decreto vulnera principios esenciales como la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad y la finalidad, además de interferir con el normal funcionamiento de las ramas del poder público. A su juicio, el Ejecutivo no puede acudir a mecanismos extraordinarios simplemente porque una iniciativa gubernamental no obtuvo respaldo en el Congreso.

Asimismo, advierte que el decreto carece de suficiencia en su justificación y rompe el equilibrio institucional al trasladar al Gobierno facultades que corresponden al legislativo. Por estas razones, Valencia no solo pide la suspensión temporal de la medida, sino también que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad total del decreto por contravenir varios artículos de la Carta Política.

La solicitud fue dirigida al magistrado Carlos Camargo, designado como ponente del estudio de constitucionalidad de la emergencia económica, quien deberá analizar si procede la suspensión provisional y, posteriormente, presentar la ponencia que definirá el futuro jurídico del decreto expedido por el Gobierno Nacional.