Colombia enfrenta uno de los capítulos judiciales más contundentes de los últimos años tras la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación contra Iván Márquez y otros seis altos mandos de la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, señalados como responsables del asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La decisión fue confirmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien aseguró que las pruebas recolectadas permiten establecer que el crimen no fue un hecho aislado, sino una operación estructurada desde las más altas esferas de este grupo armado ilegal con el objetivo de impactar la estabilidad democrática del país.

Entre los señalados figuran Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra, conocido como Zarco Aldinever; alias Jhon 40; Rusbel Orumba; Enrique Marulanda; Gonzalo y Kendry Téllez, alias Yako, quien habría servido como enlace entre la organización y los ejecutores materiales del crimen.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en Bogotá, donde fue atacado con arma de fuego por un menor de edad que posteriormente fue capturado. Tras permanecer varios meses en estado crítico, el dirigente político falleció el 11 de agosto del mismo año, generando conmoción nacional y reavivando el debate sobre la violencia política en Colombia.

Las investigaciones revelan que detrás del atentado existió una compleja red criminal. Según el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, considerado pieza clave en el caso, la orden de ejecutar el magnicidio provino directamente de la Segunda Marquetalia, mientras que la ejecución fue delegada a estructuras urbanas vinculadas al crimen organizado.

Además, se conoció que el asesinato habría sido financiado con una suma cercana a los 1.000 millones de pesos, con recursos adicionales destinados a facilitar la operación y posibles sobornos, lo que evidencia el nivel de planificación detrás del ataque.

Las autoridades también confirmaron que el crimen estaría relacionado con disputas por control territorial y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de que el atentado tuvo un trasfondo político y estratégico para generar desestabilización institucional.

En paralelo, el proceso judicial ha avanzado con la captura de al menos nueve implicados y varias condenas, incluyendo personas encargadas de la logística, vigilancia y coordinación del ataque. Entre ellos se encuentran quienes facilitaron la comunicación entre los autores intelectuales y los sicarios, así como quienes participaron en la ejecución directa del atentado.

Como parte de la ofensiva contra esta estructura, la Fiscalía y la Policía Nacional anunciaron recompensas que oscilan entre los 500 millones y los 5.000 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de los máximos responsables, quienes se presume estarían fuera del país, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Venezuela.

Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra las disidencias armadas y evidencia los retos que aún enfrenta Colombia en materia de seguridad y consolidación de la paz. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, considerado uno de los hechos más graves contra la democracia en décadas recientes, continúa generando repercusiones políticas y judiciales mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento total de los hechos.