La región del Catatumbo enfrenta una de las peores crisis humanitarias en los últimos años debido al recrudecimiento de la violencia por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) en Colombia denunció al menos 60 homicidios, 30 secuestros y miles de desplazamientos forzados en esta zona, instando al Gobierno a tomar medidas urgentes.
Escalada de violencia y sus impactos
En un informe reciente, la ONU condenó las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por el ELN y otros grupos armados en municipios como Tibú, Teorama, Sardinata y Convención, entre otros. La violencia ha generado el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas y el confinamiento de al menos 1.000, afectando particularmente a comunidades indígenas del pueblo Barí y Yukpa.
El representante de la ONU en Colombia, Juan Carlos Monge, expresó su preocupación:
“Las comunidades están siendo sometidas a niveles alarmantes de violencia, desplazamiento y confinamiento. Es urgente implementar medidas integrales para proteger a la población civil y restablecer el orden en la región.”
Además, más de 46.000 niños y adolescentes han visto interrumpidas sus clases debido al cierre de instituciones educativas, agravando aún más la crisis social y educativa en la región.
Liderazgos sociales en riesgo
La ONU también alertó sobre el aumento de amenazas, estigmatización y asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Esta situación pone en jaque los esfuerzos por consolidar la paz en el territorio, dejando a las comunidades más vulnerables sin representación ni apoyo en medio de la crisis.
Llamado al Gobierno y grupos armados
Ante este panorama, la ONU instó al Gobierno colombiano a adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección de la población y desmantelar las organizaciones criminales que operan en la región. El organismo internacional también hizo un llamado al ELN y a otros grupos armados para que respeten los derechos humanos y cumplan con las normas del DIH.
“Es fundamental fortalecer la presencia estatal en el Catatumbo, no solo a través de la fuerza pública, sino también mediante inversiones sociales que promuevan el desarrollo y la seguridad en el territorio,” señaló Monge.
Hacia una solución estructural
La ONU enfatizó la necesidad de implementar una política pública que aborde las causas estructurales de la violencia en el Catatumbo. Esto incluye medidas para mejorar la educación, la infraestructura, la generación de empleo y el acceso a servicios básicos.
El organismo internacional subrayó que proteger a las comunidades no solo es una responsabilidad del Estado, sino un paso esencial para avanzar hacia la paz y la reconciliación en Colombia.
La región del Catatumbo continúa siendo un escenario complejo, pero el llamado de la ONU abre una oportunidad para que el Estado colombiano redoble sus esfuerzos en pro de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
