Con un mensaje orientado a fortalecer el liderazgo femenino y convertir la igualdad de oportunidades en un factor de crecimiento económico para el país, concluyó en Bogotá la Cumbre Nacional Liderazgo y desarrollo económico para el avance de la igualdad, un encuentro que reunió durante dos días a más de 50 congresistas electos que integrarán el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, junto con representantes del sector público, organismos internacionales, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa, organizada por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia en Colombia, buscó abrir un espacio de reflexión sobre el papel que tendrá el nuevo Legislativo en la construcción de políticas públicas que impulsen la autonomía económica de las mujeres, reduzcan las brechas de desigualdad y fortalezcan la competitividad del país mediante una mayor participación femenina en los diferentes sectores productivos.
El encuentro contó con la participación de congresistas provenientes de 21 departamentos, pertenecientes a 10 partidos y movimientos políticos, además de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, gobernaciones, organizaciones sociales, gremios económicos y delegaciones de la cooperación internacional, quienes coincidieron en la necesidad de convertir la igualdad de género en un eje estratégico del desarrollo nacional.
Durante la instalación del evento, la representante de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca Vidak, destacó que el país cuenta actualmente con la generación de mujeres más preparada de su historia, aunque advirtió que ese potencial todavía no se refleja plenamente en oportunidades laborales, liderazgo económico y participación en escenarios de decisión.
“La verdadera tarea consiste en pasar de la legislación a la implementación. Colombia dispone de más de 150 normas relacionadas con los derechos de las mujeres, pero ahora corresponde al nuevo Congreso incorporarlas de manera efectiva en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto General de la Nación para que produzcan resultados concretos”, afirmó Salamanca durante su intervención.
Por su parte, Marcela Lizana-Bobadilla, jefa adjunta de Cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, señaló que el Congreso será determinante para impulsar reformas capaces de construir una sociedad más equitativa, incluyente y productiva, donde las mujeres participen en igualdad de condiciones en todos los espacios económicos y políticos.
La agenda académica permitió revisar el panorama actual de los derechos de las mujeres desde una perspectiva regional y nacional, analizar las iniciativas legislativas vigentes y escuchar la visión del sector empresarial sobre los retos que enfrenta Colombia para incrementar la participación femenina en la economía, la innovación, el emprendimiento y la generación de empleo formal.
También intervino Fabian Hayoz, encargado de Negocios y jefe de misión de la Embajada de Suiza, entidad que actualmente preside la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, quien manifestó que la comunidad internacional continuará respaldando a Colombia mediante asistencia técnica, intercambio de experiencias y cooperación para consolidar el liderazgo de las mujeres como protagonistas del desarrollo económico y social del país.
Uno de los principales consensos alcanzados durante la cumbre fue la necesidad de que el Congreso elegido para el periodo 2026-2030, integrado por 285 legisladores, de los cuales 85 son mujeres, impulse una agenda legislativa orientada a garantizar mayores oportunidades económicas, fortalecer el emprendimiento femenino, promover la igualdad salarial, facilitar el acceso a cargos de liderazgo y consolidar políticas públicas que favorezcan la participación de las mujeres en sectores estratégicos como la economía del conocimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo territorial.
Los organizadores concluyeron que el nuevo Congreso tiene una oportunidad histórica para convertir la igualdad de género en un instrumento de crecimiento económico sostenible, asegurando que las leyes aprobadas se traduzcan en presupuestos efectivos, programas de impacto y mayores oportunidades para millones de colombianas, fortaleciendo al mismo tiempo la productividad y la competitividad del país.
