El Ministerio de Salud solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación la designación de un procurador delegado ad hoc para el sector salud, argumentando la necesidad de garantizar el principio de imparcialidad y el debido proceso en los asuntos relacionados con la Unidad de Pago por Capacitación (UPC). La petición surge tras las recientes declaraciones de la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, las cuales fueron calificadas por el ministerio como carentes de sustento técnico y prueba.

En un escrito de recusación enviado a la Procuraduría, el ministerio rechazó las afirmaciones de la procuradora Ojeda respecto a la crisis en el sistema de salud debido a la supuesta insuficiencia de la UPC. Según el ministerio, dichas declaraciones están basadas en juicios subjetivos y afectan la confianza pública en las instituciones. En el documento, el ministerio enfatizó la importancia de proteger los principios de imparcialidad, debido proceso, defensa y presunción de inocencia en el marco de la discusión sobre la fijación de la UPC para 2025.

Las declaraciones controvertidas

En declaraciones recientes a los medios, la procuradora Ojeda afirmó que el cálculo y la resolución de la UPC para el próximo año carecen de rigor técnico, llegando a sugerir que existe una “falsa motivación” detrás de las decisiones tomadas en este ámbito. Además, expresó preocupación por la supuesta desarticulación del sistema de salud, indicando que el país enfrenta una situación crítica marcada por el cierre de clínicas, hospitales y servicios médicos, así como por retrasos en los tratamientos. La funcionaria también exhortó a las autoridades a “dejar de lado las ideologías” y centrarse en garantizar la sostenibilidad del sistema.

Respuesta del Ministerio de Salud

El ministerio sostuvo que estas declaraciones no solo generan incertidumbre en la opinión pública, sino que también comprometen la legitimidad de las actuaciones estatales. Según la cartera de salud, al emitir juicios sin evidencia, se vulnera el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de las entidades públicas y se pone en riesgo la confianza colectiva en el sistema de salud.

En este contexto, el ministerio solicitó a la Procuraduría la designación de un procurador delegado para asuntos laborales y de seguridad social, con el fin de asegurar una evaluación objetiva y evitar conflictos de interés en las decisiones futuras. Este pronunciamiento subraya el compromiso del ministerio con la defensa de los derechos fundamentales y la transparencia en la administración pública.

El debate en torno a la UPC

La Unidad de Pago por Capacitación es un componente clave en el financiamiento del sistema de salud colombiano. Su cálculo y asignación tienen un impacto directo en la prestación de servicios médicos, y cualquier cambio en su valor genera discusión entre los diferentes actores del sector. Este caso resalta la importancia de un análisis técnico riguroso y de la independencia en la toma de decisiones para garantizar un sistema de salud equitativo y eficiente.