El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el procurador Gregorio Eljach, a quien acusa del presunto delito de prevaricato por acción, en medio de un nuevo capítulo de tensiones institucionales dentro del Gobierno.

La denuncia se da luego de varios enfrentamientos entre ambos funcionarios por decisiones recientes de la Procuraduría que, según Montealegre, habrían excedido las competencias legales del ente disciplinario e interferido con funciones propias del Ministerio de Justicia.

“El país necesita instituciones que actúen dentro del marco constitucional. Ninguna autoridad puede atribuirse poderes que la ley no le otorga”, señaló el ministro Montealegre tras radicar la denuncia, dejando claro que su decisión busca “defender el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes”.

Aunque no se han revelado los detalles exactos del acto que motivó la acusación, fuentes del Ministerio indicaron que se trataría de una actuación disciplinaria del procurador que, a juicio de Montealegre, carece de sustento jurídico y vulnera principios de legalidad.

El choque entre ambos altos funcionarios ha escalado durante las últimas semanas, en medio de un ambiente político marcado por divisiones internas y procesos judiciales en curso. El procurador Eljach no se ha pronunciado oficialmente, pero allegados a su despacho aseguran que responderá “con serenidad y respeto institucional”.

Este nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público se suma a otros recientes enfrentamientos dentro del Gobierno, que reflejan una creciente tensión entre las ramas del poder y abren un debate sobre los límites de control y autonomía entre las instituciones del Estado.

Mientras tanto, desde distintos sectores políticos y jurídicos se ha hecho un llamado a preservar el respeto institucional y la independencia de poderes, recordando que la Procuraduría y el Ministerio de Justicia cumplen funciones complementarias en la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos.