El Ministerio de Educación Nacional envió a la Universidad del Atlántico un documento oficial en el que alerta sobre el deterioro institucional que atraviesa la institución y fija una serie de medidas obligatorias para garantizar la continuidad del servicio educativo, la seguridad en el campus y la protección de los derechos de toda la comunidad universitaria.

La comunicación, dirigida al rector Leyton Daniel Barrios Torres, al Consejo Superior, al Comité de Credenciales y al Comité Electoral, señala que la situación actual ha sido evidenciada a través de visitas preventivas, requerimientos administrativos, decisiones judiciales y comunicaciones formales. Ante esto, la cartera educativa definió condiciones estrictas que deberán ser atendidas en un plazo máximo de tres días hábiles.

Entre las exigencias centrales está la adopción de mecanismos para restablecer la normalidad académica, reforzar los controles de acceso al campus y prevenir el ingreso de personas armadas o externas a la institución. También se pide implementar acciones que protejan a quienes participan en actividades de protesta pacífica, evitando cualquier tipo de hostigamiento o riesgo para su integridad.

El Ministerio insistió en la necesidad de activar rutas de atención médica, primeros auxilios y acompañamiento psicosocial para la comunidad afectada por los recientes hechos de violencia ocurridos al interior del alma máter. Igualmente, ordenó la creación de una instancia temporal de seguimiento compuesta por estudiantes, docentes, administrativos y directivos, con participación plural y representativa, encargada de verificar el cumplimiento de las medidas y enviar reportes periódicos a la entidad nacional.

Otro punto clave del documento es la solicitud de un plan de acción urgente que detalle cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento para garantizar el retorno seguro a las actividades académicas y administrativas.

El Ministerio también exigió al Comité de Credenciales y al Consejo Superior revisar nuevamente, de manera rigurosa y documentada, el cumplimiento de los requisitos de experiencia reportados por el rector Leyton Daniel Barrios. Según el oficio, dicha verificación deberá realizarse exclusivamente con los documentos cargados en la plataforma institucional al momento de la inscripción. La comunicación recuerda además que existe una denuncia penal por presunta falsedad ideológica en documento privado relacionada con una certificación académica atribuida al directivo.

La entidad advirtió que, en caso de incumplir las instrucciones emitidas, podrá imponer multas sucesivas, así como sanciones administrativas a los responsables, de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1740 de 2014. Estas medidas buscan garantizar legalidad, transparencia y el funcionamiento adecuado de la universidad en beneficio de toda la comunidad académica.

El Ministerio reiteró que las condiciones impuestas podrán ser ampliadas o modificadas según avance la situación interna de la institución.