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Menor implicado en el atentado a Miguel Uribe dice ser inocente ¿Cinismo o estrategia legal?

En una audiencia ante un juez de control de garantías en Bogotá, el menor de edad señalado como el presunto autor material del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se declaró inocente de los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.

El adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor de edad, fue aprehendido el pasado sábado pocas horas después del atentado ocurrido en la localidad de Fontibón, donde Uribe resultó gravemente herido tras recibir tres disparos en medio de un acto político.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador le formuló cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Según los investigadores, el joven habría disparado contra el congresista con un arma tipo Glock calibre 9 mm, actualmente en poder de las autoridades y cuya trazabilidad apunta a una compra en Arizona, Estados Unidos, en 2020.

El proceso judicial avanza bajo estricta reserva mientras se recolectan más pruebas, se analizan más de mil grabaciones de cámaras de seguridad y se toman declaraciones de testigos que estuvieron presentes en el evento político. La Fiscalía también investiga si el adolescente fue instrumentalizado por una red criminal y si existen autores intelectuales detrás del ataque.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que solicitará medida de internamiento preventivo para el menor, quien permanecerá bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y será alojado en el búnker de la Fiscalía mientras se define su situación jurídica.

Camargo explicó que, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes contemplado en la Ley 1098 de 2006, el joven podría enfrentar una sanción de hasta ocho años, que no implica prisión ordinaria, sino medidas pedagógicas, reparadoras y restrictivas de libertad en centros especializados.

“Estamos hablando de una sanción educativa con el objetivo de restablecer sus derechos, pero sin ignorar la gravedad de los hechos”, puntualizó la fiscal.

Este caso ha generado una oleada de indignación y preocupación nacional por el uso de menores en hechos violentos de alto impacto, además de reabrir el debate sobre las reformas necesarias en la legislación para enfrentar este tipo de situaciones. Entre tanto, Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibe atención médica especializada. Su familia ha pedido oraciones y respeto por su proceso de recuperación.