Colombia cerró el cuatrienio del presidente Gustavo Petro con un preocupante incremento en el número de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado interno. De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas, durante los últimos cuatro años fueron reconocidas 1.492.003 personas, de las cuales 1.074.190 ingresaron al Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos ocurridos entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2026, lo que evidencia la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

La información, entregada por la entidad estatal a medios nacionales, revela que el universo de víctimas en Colombia ya supera los 10 millones de personas, una cifra que continúa creciendo pese a los esfuerzos institucionales para consolidar la paz. Según el informe, el 72 % de los nuevos registros corresponde a personas que denunciaron hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 casos hacen referencia a hechos victimizantes de años anteriores que solo fueron reportados recientemente debido a factores como el miedo, el desplazamiento o las dificultades para acceder a las autoridades.

Entre los hechos victimizantes más frecuentes continúa encabezando la lista el desplazamiento forzado, con 1.259.885 registros durante el periodo analizado, seguido por amenazas, homicidios, desapariciones y otros delitos asociados al conflicto armado. Las cifras reflejan que departamentos como Antioquia, Nariño y Norte de Santander permanecen entre los territorios más golpeados por la confrontación entre grupos armados ilegales y las disputas por el control territorial.

Los datos han reavivado el debate sobre los resultados de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Petro. Diversos sectores han cuestionado que, mientras avanzaban mesas de diálogo con organizaciones armadas ilegales, también aumentaban los indicadores relacionados con desplazamientos, confinamientos y afectaciones contra la población civil. Desde el Gobierno Nacional, sin embargo, se ha insistido en que el crecimiento del registro también responde al fortalecimiento de los mecanismos de identificación y reconocimiento de víctimas, así como a la ampliación del acceso a los procesos de reparación integral.

La legislación colombiana, a través de la Ley 1448 de 2011, modificada posteriormente por la Ley 2421 de 2024, reconoce como víctimas a las personas que hayan sufrido daños por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves a los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado, así como a quienes fueron desplazados por hechos de violencia generalizada. Esta condición les permite acceder a procesos de asistencia, reparación y restitución contemplados por el Estado.

El panorama plantea uno de los mayores desafíos para el nuevo Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, pues además de enfrentar el reto de mejorar las condiciones de seguridad, deberá garantizar la atención integral de millones de víctimas que siguen esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en un país donde las secuelas del conflicto armado continúan marcando a miles de familias.