Una grave situación de salud pública se vive en Cúcuta luego de que el Centro de Atención y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas CDI S.A.S. anunciara la suspensión del contrato con la Nueva EPS, decisión que deja sin atención médica a más de 1.700 pacientes diagnosticados con VIH en la región.

El comunicado oficial emitido por la junta directiva del CDI señala que la medida se toma debido al reiterado incumplimiento en los pagos por parte de la Nueva EPS, lo que generó un fuerte impacto financiero que hizo insostenible la continuidad del servicio. La institución advirtió que, pese a múltiples gestiones y solicitudes de conciliación, la deuda acumulada comprometió gravemente su capacidad operativa y afectó la atención oportuna de los usuarios.

“Durante los últimos meses se realizaron esfuerzos significativos para mantener la atención a los pacientes y sostener el funcionamiento de los servicios, pero la falta de pagos oportunos y el incumplimiento de los compromisos contractuales nos obligan a tomar esta difícil decisión”, indicó la dirección del CDI en el comunicado.

La suspensión del convenio, efectiva desde el 1 de diciembre de 2025, afecta a cientos de personas que dependen del suministro constante de tratamientos antirretrovirales. Médicos y organizaciones sociales alertan que la interrupción de los medicamentos puede generar consecuencias irreversibles en la salud de los pacientes, aumentando el riesgo de infecciones oportunistas y complicaciones graves.

Ante esta situación, el CDI S.A.S. expresó su disposición a buscar alternativas junto a las autoridades sanitarias y la Nueva EPS para garantizar la continuidad de la atención, mientras tanto hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud para intervenir de manera inmediata y evitar una crisis mayor.

“Trabajamos con compromiso y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de los servicios a toda nuestra población usuaria. Sin embargo, necesitamos soluciones estructurales que aseguren la viabilidad de las instituciones prestadoras”, concluyó el centro médico.

La decisión deja en evidencia la crítica situación financiera que enfrentan muchas IPS en el país debido a las demoras de pago de las EPS, un problema que, en este caso, pone en riesgo la vida y bienestar de miles de pacientes que dependen de un tratamiento continuo y especializado.