La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 033 del 17 de enero de 2025, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia. La norma establece restricciones a la compraventa de tierras rurales mayores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF), condicionando su escrituración a una notificación previa a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que podría ejercer una opción de compra preferente sobre dichos predios.

La congresista del Centro Democrático aseguró que el decreto vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la propiedad privada (artículo 58), la reserva legal, el debido proceso, la libertad económica y la seguridad jurídica. En su concepto, esta medida constituye una forma de expropiación indirecta, sin ley formal ni compensación alguna para los propietarios.

“La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios. Esta es una defensa por la libertad, la legalidad y el futuro del campo colombiano”, afirmó Cabal durante la presentación de la demanda.

La acción judicial también incluye una solicitud de suspensión provisional del decreto, argumentando que su aplicación genera un daño grave e inmediato a los propietarios rurales y a la inversión en el campo. Según Cabal, esta medida del Ejecutivo afecta a 82 municipios del país, generando incertidumbre sobre el ejercicio pleno de la propiedad y sobre los negocios jurídicos en zonas rurales.

“Hoy pretende el Estado con Petro a la cabeza expropiar a los dueños de las tierras rurales, mañana puede hacer lo mismo con los urbanos. No lo vamos a permitir”, sentenció la senadora.

El Decreto 033 ha generado un amplio debate nacional desde su promulgación, por ser considerado por varios sectores como una herramienta de intervención estatal que desconoce los derechos adquiridos por pequeños y medianos propietarios rurales. Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida como parte de su política de reforma agraria, orientada a facilitar el acceso a la tierra y corregir la concentración de propiedad en zonas históricamente marginadas.

Ahora será el Consejo de Estado el encargado de estudiar la legalidad del decreto y de resolver la solicitud de suspensión mientras se define el fondo del litigio. La decisión podría sentar un precedente clave en materia de derechos de propiedad y política agraria en el país.