El dolor y la indignación siguen marcando la vida de las familias afectadas por el caso de abuso sexual en el jardín infantil ‘Hogar Canadá’, operado por el ICBF en Bogotá, donde presuntamente al menos 13 menores fueron víctimas de agresión sexual por parte de un cuidador que, además, sería portador del virus del VIH.

Margie Espinel, madre de una de las niñas abusadas, reveló que varias madres están siendo amenazadas por exigir justicia. A pesar de la captura de Freddy Arley Castellanos Velasco, presunto abusador, quien fue enviado a la cárcel Modelo el pasado 8 de mayo, el temor persiste entre las familias.

“Somos varias las madres que hemos recibido amenazas. Nos dicen que dejemos de hablar, que no denunciemos más. Pero exigir justicia no es un delito. Lo que nos hicieron fue un crimen atroz y no vamos a callar”, declaró Espinel.

Las secuelas para los menores han sido devastadoras. Según relató la madre, los niños presentan graves traumas psicológicos, trastornos del sueño y miedo constante. A esto se suma la incertidumbre de las pruebas médicas que enfrentan las familias tras conocerse que el presunto agresor es portador de VIH.

“El daño que nos han causado es irreparable. Hemos tenido que asumir los gastos médicos, las terapias psicológicas y todo sin el acompañamiento adecuado. Muchas de nosotras hemos tenido que dejar nuestros trabajos para cuidar a nuestros hijos, que hoy no pueden dormir ni volver a la normalidad”, añadió.

La situación ha generado una ola de indignación en el país. Diversos sectores de la sociedad han pedido mayor celeridad en la investigación y garantías de protección para las familias afectadas. Además, cuestionan el papel del ICBF y el manejo que se dio desde la institución ante las primeras denuncias.

Las madres aseguran que seguirán luchando por justicia, pese a las amenazas. “No queremos venganza, queremos justicia. Que este hombre pague por lo que hizo, que no vuelva a tocar a otro niño y que las autoridades protejan a nuestros hijos. No vamos a quedarnos en silencio”, concluyó Espinel.

El caso continúa en manos de la Fiscalía, que avanza en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes médicos, mientras la sociedad colombiana sigue exigiendo justicia y protección para la infancia.