El anuncio del Gobierno nacional de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas, que representa una reducción cercana a los 17 millones de pesos mensuales en sus ingresos, generó una inmediata reacción desde el Capitolio. El presidente del Congreso, Lidio García, expresó su inconformidad con la medida y aseguró que esta decisión tiene un trasfondo político más que un propósito real de austeridad.

Según García, el presidente Gustavo Petro recibió durante casi dos décadas dicho beneficio cuando ejerció como senador y nunca manifestó reparos frente a ese ingreso adicional. A su juicio, resulta contradictorio que ahora se promueva la eliminación de la prima bajo un discurso de equidad, cuando el propio mandatario hizo uso de ella durante buena parte de su carrera legislativa sin cuestionarla públicamente.

El presidente del Senado sostuvo que la decisión del Ejecutivo debe interpretarse como una sanción política al Congreso, motivada por la postura independiente que ha asumido frente a varias de las reformas impulsadas por el Gobierno. Afirmó que no se trata de una verdadera política de austeridad, sino de un mensaje dirigido a una rama del poder público que ha optado por no alinearse automáticamente con la agenda gubernamental.

Pese a sus críticas, García dejó claro que el Congreso acatará el decreto, en respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no afectará la autonomía del Legislativo ni su función de control político. Recalcó que la independencia entre los poderes públicos no es negociable y que el Congreso continuará ejerciendo su labor con autonomía y responsabilidad institucional.

Mientras tanto, otras voces dentro del Congreso respaldaron la eliminación de la prima. La senadora Angélica Lozano celebró la medida y señaló que el salario de los congresistas debe ser coherente con la realidad económica que enfrenta la mayoría de los colombianos. Recordó que esta reducción fue una de las banderas de la consulta anticorrupción y aseguró que, más allá de las diferencias políticas, se trata de un paso hacia una mayor equidad.

La supresión de la prima especial comenzará a aplicarse a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso elegido en las recientes elecciones, marcando un cambio significativo en la remuneración de senadores y representantes a la Cámara.