El Colegio de la Abogacía Colombiana presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, solicitando medidas urgentes para garantizar la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del proceso de paz en Colombia.
Según el abogado y exprocurador Ernesto Amézquita, la acción no solo busca reforzar la seguridad de estos grupos, sino también establecer un subsidio económico equivalente a un salario mínimo y un seguro de vida para los afectados y sus familias, con el objetivo de garantizar su bienestar frente a amenazas, desplazamientos y atentados.
Propósitos de la tutela
La acción presentada en el Quindío tiene como objetivo principal salvaguardar el derecho a la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como de los firmantes de paz y sus familias. Además, exige garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y movimiento de estas personas en su labor de promoción de los derechos humanos, las garantías sociales y la paz en el territorio nacional.
“La protección debe ir más allá de medidas simbólicas. Pedimos que se establezca un seguro de vida gestionado por una entidad estatal y un subsidio económico por el alto riesgo que enfrentan diariamente. Es esencial también capturar y sancionar a los responsables de los asesinatos que siguen ocurriendo en el país”, señaló Amézquita.
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Seguridad y modernización de la UNP
Entre las peticiones incluidas en la tutela, se solicita una transformación integral de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para implementar medidas técnicas y preventivas más efectivas. Amézquita criticó el actual sistema, calificando el uso del botón de pánico como insuficiente frente a las modernas herramientas utilizadas por los atacantes.
“Es indispensable que la UNP adopte sistemas de protección más avanzados, capaces de responder eficazmente a las amenazas que enfrentan los líderes y defensores. El botón de pánico no es una solución seria ni adecuada para garantizar su seguridad”, añadió el abogado.
Llamado al Gobierno Nacional
La acción de tutela también exige que el presidente Gustavo Petro, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas y de la administración pública, actúe para capturar y procesar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques contra líderes sociales y firmantes de paz. Asimismo, pide priorizar políticas que reduzcan significativamente los índices de violencia contra este grupo vulnerable.
Esta iniciativa jurídica busca llamar la atención sobre la grave situación de riesgo que enfrentan miles de colombianos dedicados a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, esperando una respuesta oportuna del Gobierno Nacional para detener esta alarmante problemática.
