Desde antes de asumir los mercados de la Costa Caribe, las empresas Air-e y Afinia sabían que se habían ganado la “Rifa del tigre”, lo que no imaginaban era la magnitud de los desafíos que aceptaron y el complejo panorama que se avecinaba. Con una comercializadora intervenida y la otra en medio de una grave crisis financiera, el futuro energético de la región Caribe es incierto y preocupante.

Lo que tanto temíamos está empezando a suceder, las empresas están tocando fondo y emprendiéndola contra los usuarios más vulnerables, a quienes buscan limitar el suministro de energía. Hace una semana Afinia anunció el inicio de los períodos de suspensión del servicio de energía en varias poblaciones de los cinco departamentos del Caribe donde opera, debido al bajo recaudo y las millonarias pérdidas, una decisión que ha sido rechazada por las autoridades y las comunidades que serán gravemente afectadas.

Estos denominados Períodos de Continuidad Concertados (PCC) en los que se realizarán cortes de energía de hasta 12 horas al día, son un atentado contra la Costa Caribe, su desarrollo y la vida misma. No solucionan los problemas de fondo, ni contrarrestan el bajo recaudo. En medio de esta discusión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuestionó la decisión de Afinia y aseguró que la filial del Grupo EPM, no le puede suspender el servicio de energía a sujetos de especial protección constitucional, a quienes tiene la obligación de garantizar el suministro, de acuerdo con la Sentencia T-167/11 de la Corte Constitucional.

Sabía Afinia desde antes de asumir el mercado de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, los problemas críticos a los que se enfrentaba, como el hurto y el fraude a través de las conexiones ilegales, la manipulación de medidores o la intervención en las conexiones, el incumplimiento de las metas de recaudo, entre otras complicaciones, que evidentemente no han sabido sortear y hoy nos tiene a puertas de un apagón.

A la compleja situación de iliquidez, insolvencia y dificultades de flujo de caja de las empresas, se suma el impago de las deudas del Gobierno por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, opción tarifaria y las cuentas de los sectores oficiales, que en el caso de Afinia alcanzan un valor total de más de $2,5 billones. Mientras el Gobierno se hace oídos sordos e intenta lavarse las manos, anunciando el traslado de deudas a los estratos 4, 5 y 6 del país y a los sectores industrial y comercial, el margen de maniobra de las comercializadoras se reduce. Este enorme hueco financiero amenaza la sostenibilidad de la empresa y con ello la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en los cinco departamentos que atiende.

La inacción del Gobierno Nacional ha empeorado la ya delicada situación de las comercializadoras de energía del país, afectando a los usuarios. El incumplimiento del ejecutivo está truncando las inversiones de las empresas para ampliar las coberturas, mantener la infraestructura, y seguir a flote con sus servicios. Es urgente que se realicen, cuanto antes, los pagos de los subsidios y las deudas que el Estado tiene pendiente con las empresas distribuidoras, especialmente con Afinia y Air-e, quienes peligran con el tigre que se ganaron.

Por años, el nivel de la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe, que se ha visto gravemente afectado debido a la fluctuante prestación del servicio público de energía, pero empezar a suspender este servicio básico es una medida que no podemos permitir que se extienda en la región.