La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia pidió este martes medidas de protección para la comunidad jiw, un pueblo indígena en peligro de extinción física y cultural, por la inseguridad en el departamento del Guaviare, donde viven.

«Este es un pueblo en riesgo de extinción física y cultural reconocido por la Corte Constitucional. A pesar de este riesgo no existe un plan de las autoridades para apoyar a este pueblo y a sus autoridades, asegurar la pervivencia del pueblo, atender las situaciones de inseguridad y de riesgo alimentario en el que viven», explicó en un video la representante en Colombia de esta oficina de la ONU, Juliette de Rivero.

Los jiw son un pueblo seminómada conformado actualmente por unas 200 personas que viven en siete resguardos próximos a San José, capital del Guaviare (centro-sur), y al que en 2004 la Corte Constitucional otorgó medidas cautelares para «poner a la institucionalidad en función de acciones para su pervivencia física y cultural».

Sin embargo, según denunciaron en un reciente informe enviado a la Corte Constitucional, «después de 10 años de haberse expedido las primeras órdenes, la respuesta estatal ha sido inadecuada e insuficiente».

En una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, las comunidades denunciaron que en algunos resguardos se sienten «acorralados» por los agricultores vecinos que siembran palma que contanima sus fuentes de agua, por ejemplo, además de problemas comunes como que no hay materiales educativos suficientes o sanitarios.

A estas situaciones, se añade un empeoramiento de la situación de seguridad en la zona, donde hay presencia de grupos armados como el Estado Mayor Central (EMC), a principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.

Rivero señaló que el pasado miércoles en el resguardo Barrancón, a 10 minutos de San José, los indígenas se encontraron una bomba a la entrada de la comunidad.

«No existe una respuesta institucional para atender este nuevo riesgo», alertó la representante, que pidió que «toda la institucionalidad de Colombia y las autoridades locales se coordinen para asegurar la pervivencia de este pueblo». EFE