La Corte Constitucional ha generado controversia al responder a una consulta de la representante Katherine Miranda sobre la posibilidad de que el Gobierno convoque una consulta popular por decreto, tras haber sido rechazada por el Senado. En un documento emitido por la Relatoría del alto tribunal, se indicó que el Ejecutivo no puede insistir en una iniciativa que ya fue negada por el Senado ni convocarla sin su aprobación previa.

Sin embargo, la Corte aclaró posteriormente que no ejerce funciones consultivas y que dicho documento no representa una posición oficial del tribunal. Además, anunció acciones disciplinarias contra la funcionaria que emitió el concepto, por extralimitación de funciones.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado su intención de convocar la consulta por decreto si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio, argumentando que la votación en la que fue rechazada tuvo irregularidades. Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha intensificado las tensiones políticas en el país, en medio de debates sobre la legalidad y la separación de poderes.