La controversia en torno a la participación del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo de 2026 sigue creciendo, esta vez por cuestionamientos relacionados con el uso de recursos públicos en función de la reposición de votos, advirtió la representante a la Cámara Katherine Miranda.

Miranda, quien interpuso una demanda para impugnar la inscripción de Cepeda en el mecanismo electoral, planteó que permitir su participación podría traducirse en un supuesto beneficio financiero para la colectividad política que él representa. Según explicó, en la consulta del 26 de octubre de 2025, en la que Cepeda fue elegido como candidato del Pacto Histórico, la coalición obtuvo alrededor de 2,7 millones de votos. En esa ocasión, el valor de reposición por voto fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) promedió los 2.555 pesos, lo cual se tradujo en cerca de 7.000 millones de pesos para la organización.

Lo que más ha encendido la polémica es el incremento del valor de la reposición de votos por parte del CNE, que pasó de aproximadamente 2.500 pesos en la consulta anterior a 8.200 pesos por voto para el proceso de marzo, un aumento superior al 224 por ciento. Con proyecciones similares de participación, Miranda aseguró que el Pacto Histórico podría recibir más de 30.000 millones de pesos en recursos públicos por ese concepto si Cepeda figura en la consulta una segunda vez.

La representante insistió en que la demanda no tiene motivaciones políticas, sino jurídicas, y señaló que los mecanismos de participación política no pueden ser utilizados para obtener ventajas económicas injustificadas. Para Miranda, una interpretación flexiva de las reglas de reposición de votos en procesos sucesivos podría otorgar una ventaja financiera a unas fuerzas políticas sobre otras, afectando la equidad en la competencia electoral.

Este señalamiento se produce en un contexto en el que la participación de Cepeda en la consulta presidencial interpartidista aún no ha sido definida, luego de que un primer intento de decisión en el CNE quedara en empate y el caso fuera remitido a conjueces para destrabarlo. El resultado de esa deliberación será clave no solo para dirimir la presencia de Cepeda en la papeleta, sino también para aclarar si la interpretación actual del sistema de reposición de votos puede generar efectos financieros como los denunciados por la congresista.

El debate añade una nueva dimensión a la disputa política y jurídica en torno a la consulta de marzo, generando expectativas entre distintos sectores sobre el impacto que una eventual participación de Cepeda podría tener en la distribución de recursos públicos asociados a los mecanismos de participación electoral.