En medio de una agitada moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Katherin Miranda encendió las alarmas al denunciar dos presuntos casos de falsos positivos ocurridos en Antioquia y Meta. Según su intervención, civiles habrían sido ejecutados por tropas del Ejército y luego reportados como bajas en combate, una práctica que recuerda uno de los episodios más dolorosos y condenados de la historia reciente del país.

Miranda advirtió que los hechos expuestos no corresponden a operaciones legítimas ni al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, sino al resurgimiento de patrones ya investigados por organismos nacionales e internacionales. “Ministro, esto es absolutamente grave. Esto son falsos positivos”, afirmó con contundencia durante la plenaria.

Primer caso: un civil ejecutado y presentado como combatiente en Ituango

El primer hecho denunciado ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, en Ituango. Según el relato, John Byron Londoño, un civil sin antecedentes y desarmado, fue detenido por soldados cuando se desplazaba en motocicleta. La congresista aseguró que el hombre fue golpeado, amarrado y obligado a llevar a los uniformados hasta una vivienda donde se encontraba alias ‘Jonas’, presunto integrante del Clan del Golfo.

Al mediodía, el señalado delincuente habría atacado a la tropa, asesinando al soldado Ronald Estigua Pancho antes de huir. Tras el crimen, el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traer al civil capturado y pronunció, según la denuncia, la instrucción determinante: “bajen a esa gonorrea”.

Tres soldados habrían disparado mientras Londoño suplicaba por su vida. Luego, de acuerdo con la intervención de Miranda, los militares acomodaron el cuerpo, le desataron las manos y le pusieron un arma en la mano izquierda, pese a que le faltaba el dedo pulgar, un detalle clave que, según la representante, evidencia la manipulación de la escena. Incluso denunció que la tropa habría gastado más de 2.000 municiones y varias granadas para simular un combate inexistente.

Segundo caso: un líder campesino presentado como disidente en Meta

El segundo hecho expuesto tuvo lugar el 29 de noviembre de 2024 en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta. Ese día, el Ejército reportó la muerte en combate de Antonio José Dagua Gómez, a quien identificó como integrante de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Sin embargo, Miranda aseguró que Dagua no pertenecía a ningún grupo armado, sino que era un campesino reconocido por su liderazgo comunitario. Testimonios de habitantes indicaron que no hubo un combate real, sino “disparos aislados”, y que el hombre habría sido ejecutado y presentado como baja operacional.

“Estos hechos violan el DIH y ponen en riesgo a la ciudadanía”

La representante sostuvo que ambos casos constituyen un uso letal injustificado de la fuerza y una grave manipulación por parte de las tropas. “Esto no son operaciones militares legítimas. Esto que está pasando en la llamada potencia mundial de la vida es gravísimo”, señaló.

La respuesta del ministro y el contexto de la crisis

Aunque el ministro Pedro Sánchez no respondió en ese momento puntual del debate, ha reiterado en ocasiones previas que ninguna unidad militar está autorizada para violar el Derecho Internacional Humanitario y que cualquier denuncia será investigada por las entidades competentes.

El debate ocurre en medio de fuertes cuestionamientos por recientes bombardeos donde murieron menores de edad y por el aumento de denuncias de uso excesivo de la fuerza en zonas rurales del país, lo que sigue aumentando la tensión entre el Congreso y el Ministerio de Defensa.

La denuncia de Miranda no solo sacudió la sesión plenaria, sino que volvió a poner en el centro del debate la necesidad de vigilancia, transparencia y control sobre las operaciones militares en territorios afectados por el conflicto armado.