El proceso judicial relacionado con el sector de Campo Alegre, en Barranquilla, continúa avanzando tras una reciente decisión del Juzgado 11 Administrativo, que solicitó información adicional a las entidades involucradas para poder seguir evaluando el caso y definir posibles medidas en favor de las comunidades afectadas.

La determinación judicial, emitida en el marco de una acción de grupo que se remonta a varios años atrás, obliga tanto al Distrito como a las constructoras vinculadas a aportar detalles técnicos y administrativos sobre las actuaciones realizadas en la zona. Entre los aspectos requeridos se encuentran los procesos de reubicación de familias, las intervenciones estructurales ejecutadas y las obras orientadas a mitigar los problemas del terreno que han afectado a cientos de residentes.

El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, quien actúa como alcalde ad hoc dentro de este proceso, explicó que la administración distrital deberá entregar información completa sobre las medidas adoptadas en Campo Alegre, una zona que durante años ha enfrentado dificultades debido a la inestabilidad del suelo y los daños estructurales en sus edificaciones.

De manera paralela, las autoridades también revisan la situación de los habitantes del conjunto residencial Ciudad del Sol II, quienes han recibido durante más de una década un subsidio mensual como medida de apoyo. Sin embargo, este beneficio no ha sido actualizado con el paso del tiempo, lo que ha llevado a evaluar un posible ajuste que responda a las condiciones económicas actuales.

Para este análisis, se adelantan estudios financieros que permitan determinar la viabilidad de incrementar el monto del subsidio, en cumplimiento de recomendaciones emitidas por instancias judiciales y requerimientos dirigidos a la Secretaría de Hacienda del Distrito.

El caso de Campo Alegre se ha convertido en uno de los más complejos en materia urbanística en la ciudad, debido a los riesgos que presenta el terreno y al impacto social que ha generado en las familias que habitan el sector. Durante años, la situación ha requerido la intervención de distintas autoridades y ha dado lugar a múltiples decisiones judiciales orientadas a garantizar la seguridad de los residentes.

Con esta nueva orden, el proceso entra en una fase determinante, en la que la información que presenten las entidades involucradas será clave para definir el rumbo de las decisiones judiciales y las soluciones que se implementarán para atender a los afectados.

Las autoridades continúan trabajando en la recolección de datos y en la estructuración de medidas que permitan dar respuesta a una problemática que ha marcado a este sector de Barranquilla, mientras la justicia avanza en la búsqueda de una solución integral que garantice condiciones dignas y seguras para las comunidades impactadas.