La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, firmar antes del 21 de julio el decreto que establece la política pública de gestión de cementerios, como parte del compromiso del Estado para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.

Esta política busca establecer lineamientos claros para la administración adecuada de cementerios públicos y privados en todo el país, con énfasis en la correcta disposición de cuerpos, servicios funerarios dignos y el tratamiento respetuoso de los restos, tanto identificados como no identificados.

La decisión fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras una audiencia realizada en Aguachica, Cesar, el pasado 21 de mayo, donde se evaluó el cumplimiento de medidas de protección relacionadas con las víctimas del conflicto.

Durante la audiencia, la JEP también ordenó a la Alcaldía de Aguachica garantizar seguridad permanente en el cementerio católico central y proteger una placa instalada en homenaje a las víctimas de desaparición forzada.

Adicionalmente, la entidad pidió al Instituto Nacional de Medicina Legal diseñar una estrategia de toma masiva de muestras biológicas que permita avanzar en la identificación de restos, así como presentar un plan integral de necesidades ante las gobernaciones de Bolívar, Boyacá y Santander para mejorar su infraestructura.

Hasta la fecha, la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal, ha exhumado 1.887 cuerpos, identificado a 205 personas y entregado dignamente 127 restos a sus familias. Con este decreto, se busca consolidar una política que responda a la deuda histórica con miles de víctimas del conflicto armado.