La exsecuestrada y dirigente política Ingrid Betancourt lanzó duras críticas contra los antiguos jefes de las Farc tras conocerse que apelaron la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por los secuestros cometidos durante el conflicto armado. La controversia se encendió luego de que los excomandantes expresaran su negativa a portar dispositivos electrónicos de rastreo como parte de las medidas de seguimiento establecidas por el tribunal.

La JEP resolvió imponer una sanción restaurativa de ocho años a los integrantes del antiguo secretariado de la guerrilla, un castigo que no contempla prisión, pero sí la obligación de reparar a las víctimas y cumplir una serie de condiciones de control y verificación. Sin embargo, la decisión fue apelada por los comparecientes, quienes cuestionaron, entre otros puntos, la exigencia de monitoreo electrónico permanente.

Betancourt, quien permaneció secuestrada durante más de seis años, reaccionó con indignación frente a la postura de los exguerrilleros. Recordó las condiciones de cautiverio que padecieron cientos de víctimas en la selva y calificó como inadmisible que ahora se opongan a mecanismos de control. Señaló que mientras los secuestrados eran mantenidos encadenados durante años, hoy los responsables consideran excesivo portar dispositivos de rastreo, pese a no enfrentar penas de cárcel.

La líder del Partido Oxígeno fue más allá y cuestionó el rumbo de la justicia transicional, al considerar que durante años se ha debilitado su autoridad al buscar concesiones excesivas con los excombatientes. En ese sentido, advirtió que el país enfrenta una decisión clave de cara a las elecciones presidenciales de 2026, al afirmar que se requiere un liderazgo que restablezca el orden y la credibilidad institucional.

En el recurso de apelación presentado ante la JEP, los exintegrantes de las Farc sostienen que las condiciones impuestas vulneran la dignidad humana y contradicen los principios restaurativos de la justicia transicional. Argumentan que el monitoreo permanente los somete a una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y en la ley estatutaria que regula la JEP.

Además del rechazo a los dispositivos electrónicos, los excomandantes plantearon objeciones relacionadas con sus derechos políticos, cuestionaron la calificación de algunos delitos como desaparición forzada y homicidio, y solicitaron que se elimine la imputación por esclavitud. La apelación será ahora analizada por el alto tribunal, en medio de un debate que vuelve a poner en el centro la tensión entre justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.