Un proyecto de ley en el Congreso busca regular la actividad de los creadores de contenido y establecer sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) en caso de incumplimiento de las normas sobre divulgación publicitaria.

Sebastián Giraldo, creador de los premios Instafest, explicó que la definición de influencer aún es reciente y está en proceso de consolidación a nivel mundial. Señaló que se trata de “un usuario de especial relevancia, persona natural o jurídica, que ejerce de manera periódica y sistemática la creación, producción y difusión de contenidos digitales en plataformas y otros medios tecnológicos”.

La propuesta establece que toda publicidad debe mostrarse de manera clara y transparente. En el caso de productos de salud, se exigirá la verificación previa de registro ante el INVIMA. “Se busca que el público identifique de forma evidente cuándo se trata de un contenido publicitario y cuál es la relación con una marca”, indicó Giraldo.

El proyecto también detalla que la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de imponer sanciones a quienes no cumplan con el deber de divulgación. Estas multas irían hasta 10 SMLMV, destinados al Fondo Nacional de Protección Solidaria para Creadores de Contenido. En casos de publicidad engañosa sobre medicamentos, suplementos dietarios, fitoterapéuticos y cosméticos, las sanciones podrían ascender hasta 20 SMLMV, sin perjuicio de las que imponga el INVIMA.

Asimismo, se prohíbe atribuir propiedades terapéuticas o preventivas no respaldadas por la autoridad sanitaria y se exige que toda información sea visible y clara dentro del contenido, sin alterar el estilo narrativo de los creadores.

De igual forma, los influencers deberán abstenerse de publicar contenido que incite al odio, la violencia, la discriminación o que pueda poner en riesgo la salud física o mental de las audiencias. También estarán obligados a atender quejas, reclamos y solicitudes de información de la Defensoría de Audiencias, así como someterse al derecho de rectificación previsto en la Constitución.

Esta iniciativa abre el debate sobre la responsabilidad y transparencia en la publicidad digital, un sector en crecimiento que impacta directamente a millones de consumidores en el país.