La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó cargos a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, y al subsecretario de Gestión Agropecuaria, Martín Rafael Atencio García, por presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de cascos de fibra de vidrio destinados a lanchas de pesca artesanal.

Según la investigación, a ambos exfuncionarios se les atribuyen los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. De manera adicional, a Sarmiento Ortiz le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.

El caso se remonta a 2014, cuando la entonces secretaria de Desarrollo Económico ordenó abrir una licitación por 1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos, con un valor unitario superior a 5,8 millones de pesos, desconociendo una consultoría previa que fijaba un costo menor. Aunque el proceso fue declarado desierto por falta de oferentes, meses después se puso en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. Finalmente, el 12 de septiembre de 2014, se firmó un contrato por 980 millones de pesos con una fundación privada.

La Fiscalía señala que Sarmiento Ortiz habría favorecido a un contratista sin experiencia ni capacidad técnica para fabricar las lanchas, sin astillero en el Atlántico ni respaldo financiero. Para ello, se habrían modificado los pliegos de condiciones, validado documentos con información falsa y contratado por 17 millones de pesos a un profesional para que asesorara al adjudicatario.

El incumplimiento también quedó en evidencia durante la ejecución. Un día antes de vencerse el plazo de entrega, el 24 de octubre de 2014, el contratista solo había suministrado 32 de los 200 cascos comprometidos. El contrato fue suspendido bajo el argumento de afectaciones por la temporada de lluvias, sin fijar plazos claros, y se reactivó el 12 de diciembre para entregar los 168 cascos restantes.

Por su parte, Martín Rafael Atencio García, como integrante del comité evaluador, habría otorgado calificaciones superiores a la propuesta comercial del contratista, recomendando la adjudicación del contrato por encima de oferentes más competentes. Durante la ejecución, fue nombrado supervisor del contrato y, pese a los retrasos, no alertó sobre el incumplimiento.

La Fiscalía sostiene que estas actuaciones generaron un detrimento patrimonial y afectaron los objetivos del proyecto, que buscaba fortalecer la pesca artesanal en el Atlántico. El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad penal de los exfuncionarios y de los particulares involucrados.