El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó a sus agentes suspender la mayoría de las detenciones de vehículos durante operativos migratorios, luego de dos incidentes ocurridos en los estados de Maine y Texas que dejaron como saldo la muerte de dos inmigrantes y provocaron una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades locales y líderes políticos. La decisión representa un cambio temporal en una de las tácticas utilizadas por la agencia mientras avanzan las investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de sus funcionarios.

Uno de los casos que motivó la medida ocurrió en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, donde el ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo de vigilancia. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el uniformado abrió fuego al considerar que el vehículo representaba una amenaza para la seguridad pública cuando el conductor intentó abandonar el lugar. Sin embargo, testigos, familiares y algunos legisladores han cuestionado esa versión y aseguran que el joven no era el objetivo del operativo y contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

El segundo hecho ocurrió en Houston, Texas, donde falleció el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, tras un procedimiento similar. Las autoridades migratorias afirmaron que el conductor intentó embestir a los agentes con su vehículo, mientras que personas presentes en el lugar ofrecieron versiones diferentes sobre lo ocurrido, aumentando la controversia alrededor de las actuaciones del ICE.

Como respuesta a estos episodios, la dirección del ICE instruyó a sus funcionarios para que suspendan las detenciones de vehículos en la mayoría de los procedimientos migratorios. La restricción solo contempla excepciones cuando existan personas con antecedentes por delitos graves o situaciones que representen un riesgo inmediato para la seguridad pública. La medida no implica la suspensión de las operaciones migratorias ni de las labores de captura, sino que modifica una de las estrategias empleadas durante los operativos de control.

Los dos casos han generado una intensa discusión en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios. Legisladores federales solicitaron investigaciones independientes, mientras organizaciones civiles exigen mayor transparencia en los procedimientos y la implementación obligatoria de cámaras corporales para todos los funcionarios del ICE. Además, las autoridades federales, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, adelantan investigaciones para establecer si las actuaciones de los agentes se ajustaron a los protocolos establecidos.

La suspensión de estas detenciones vehiculares refleja la creciente presión que enfrenta el ICE en medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y busca reducir el riesgo de nuevos hechos fatales mientras avanzan las investigaciones. Entretanto, los casos de Johan Sebastián Durán Guerrero y Lorenzo Salgado Araujo continúan bajo revisión y podrían derivar en cambios adicionales dentro de los procedimientos operativos de la agencia migratoria estadounidens