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ICBF abre revisión interna por presuntas anomalías en contratación del Atlántico

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició una revisión técnica y preventiva de los procesos contractuales adelantados en su Dirección Regional Atlántico, como parte de una estrategia para fortalecer los controles administrativos y prevenir posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que esta actuación se desarrolla bajo los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes sean administrados de manera adecuada y conforme a la ley.

Como parte de las medidas adoptadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expidió la Resolución 7924 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual reasumió de forma parcial y transitoria la competencia para la ordenación del gasto. Esta función quedó en manos de la Subdirección General y de la Secretaría General de la sede nacional hasta el 31 de enero de 2026, con el fin de reforzar la supervisión y el control financiero.

La entidad señaló que estas decisiones buscan prevenir cualquier irregularidad y asegurar una administración responsable de los fondos públicos, especialmente aquellos orientados a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en el departamento del Atlántico.

Asimismo, el ICBF hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para ejercer una veeduría activa y responsable sobre la gestión institucional. Para ello, recordó que se encuentran habilitados los canales de denuncia, como la línea gratuita anticorrupción y el correo electrónico oficial, a través de los cuales se pueden reportar alertas o hechos que ameriten revisión.

Finalmente, el instituto reiteró que todos sus servicios son gratuitos y no requieren intermediarios, y aseguró que mantiene una articulación permanente con las autoridades competentes para garantizar la transparencia, proteger los recursos públicos y cumplir su misión de velar por el bienestar integral de la niñez en Colombia.