La organización Human Rights Watch (HRW) denunció a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador por la “desaparición forzada y detención arbitraria” de más de 200 ciudadanos venezolanos, y exige que se den a conocer sus identidades y sus ubicaciones.

El 15 de marzo, la administración de Donald Trump deportó a 238 venezolanos hacia El Salvador, de los cuales más de 100 fueron enviados bajo la acusación de tener vínculos con la pandilla Tren de Aragua, aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que hasta este momento había sido utilizada únicamente en contextos bélicos.

Estos individuos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de gran escala reconocida por sus severas condiciones de reclusión.

“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, denuncia Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, citada en un comunicado.

“La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, añadió.

La oenegé asegura que los venezolanos “permanecen incomunicados” e insta al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele a “confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior”.

Human Rights Watch ha enviado sin éxito una carta a las autoridades de El Salvador solicitando información.

La organización no gubernamental ha llevado a cabo entrevistas con 40 familiares de supuestos detenidos, quienes relatan que las autoridades estadounidenses les comunicaron “que serían devueltos a Venezuela”.

Concluyeron que sus familiares estaban en El Salvador ya que observaron sus rostros o fragmentos de sus anatomías “en un video publicado por las autoridades salvadoreñas”, porque sus nombres fueron eliminados de un sistema de identificación de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, agregó Goebertus.