El presidente Gustavo Petro firmó oficialmente el decreto que convoca a una consulta popular nacional para que los colombianos se pronuncien sobre los principales puntos de su proyecto de reforma laboral. La decisión fue confirmada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde aseguró que el decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión previa, requisito obligatorio para su eventual convocatoria.

Petro explicó que la consulta busca recoger el mandato ciudadano sobre temas laborales que, según él, han sido negados en el Congreso por razones políticas más que de contenido. Aun así, señaló que estaría dispuesto a retirar el decreto si el Congreso aprueba el texto de la reforma tal como fue votado previamente en la Cámara de Representantes en 2023.

“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, afirmó el presidente.

El anuncio se produce después de que la plenaria del Senado negara la reforma laboral con 49 votos el pasado 14 de mayo, decisión que el Gobierno considera irregular. La Casa de Nariño insiste en que la reforma busca justicia laboral, formalización y mejores condiciones para los trabajadores más vulnerables.

El decreto contiene doce preguntas puntuales que serán sometidas al voto popular. Entre ellas, destacan temas como la reducción de la jornada laboral, la formalización de trabajadores informales, la regulación de plataformas digitales, incentivos para las mipymes y medidas de protección a trabajadores agrarios y con discapacidad.

Estas son las preguntas propuestas para la consulta popular:

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas reciban tasas de interés preferenciales e incentivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas tengan permisos para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 empleados?

6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA tengan contrato de aprendizaje de carácter laboral?

7. ¿Está de acuerdo con que los trabajadores de plataformas digitales acuerden su tipo de contrato y se les garantice seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen derechos y salario justo a trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?

10. ¿Está de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, artistas y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial para otorgar un bono pensional a campesinos y campesinas?

La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad jurídica del decreto y las preguntas formuladas. De ser avaladas, se abriría el camino para la convocatoria oficial a las urnas, lo que marcaría un precedente en el uso de mecanismos de participación para definir reformas estructurales en el país. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su apuesta por el respaldo ciudadano como vía para superar los bloqueos institucionales que ha enfrentado en el Congreso.