El escenario político colombiano se agita con la inminente elección de una nueva magistrada de la Corte Constitucional, donde una sorpresiva alianza entre el Partido de la U y el Gobierno Nacional podría darle al presidente Gustavo Petro un control decisivo en este alto tribunal.

La candidata que ha concentrado las negociaciones es María Patricia Balanta, cuyo nombre se perfila con fuerza gracias a acercamientos entre la colectividad dirigida por Álex Vega y el Ejecutivo. De consolidarse este respaldo, Balanta sumaría el apoyo del Partido de la U y del Pacto Histórico, garantizando así una mayoría de cinco magistrados afines al Gobierno: Héctor Carvajal, Vladimir Fernández, Miguel Polo, Juan Carlos Cortés y la propia Balanta.

De esta manera, la administración Petro tendría una posición privilegiada para incidir en decisiones claves que actualmente reposan en la Corte Constitucional, como la revisión de la reforma pensional y la reforma a la salud, dos de los proyectos más controvertidos y estratégicos para el Gobierno. La votación definitiva se llevará a cabo en el Senado el próximo 3 de septiembre.

El panorama, sin embargo, no está cerrado. Otros nombres, como el del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo y el jurista Jaime Tomar, siguen en la baraja. La división interna entre los partidos y la presión de sectores independientes podrían alterar el desenlace.

Paralelamente, en el Consejo Nacional Electoral se avecina una decisión que podría redefinir el equilibrio político en el Congreso. La ponencia del magistrado Altus Baquero se anticipa como negativa frente a la solicitud de fusión del Pacto Histórico con varias fuerzas aliadas, un movimiento del que dependían varias curules y la consolidación de la coalición de gobierno. Si esta propuesta se hunde, numerosos partidos y corrientes de izquierda verían comprometida su supervivencia electoral, lo que debilitaría la capacidad legislativa del oficialismo.

Mientras tanto, el tablero electoral del Pacto Histórico también se mueve con la confirmación de la candidatura del senador Iván Cepeda, una figura que podría alterar el cálculo político de Daniel Quintero, quien ahora contempla apartarse de la consulta del Pacto para participar en la del Frente Amplio. La definición de la metodología de votación será determinante: si se limita a los afiliados, Cepeda tendría ventaja; si se abre más allá, el escenario sería incierto.

A este panorama se suman las preocupaciones por la seguridad nacional tras el reciente ataque en Amalfi. Las hipótesis de los investigadores apuntan a un atentado con explosivos de alto poder, posiblemente un tatuco o bazuca, que afectó a un helicóptero en operaciones de erradicación. Las autoridades advierten que la falta de experiencia de los nuevos oficiales en esa zona podría haber facilitado la vulnerabilidad de la misión.

El ajedrez político y de seguridad en Colombia entra en una fase crítica: mientras el Gobierno busca asegurar su influencia en la Corte Constitucional, en el Congreso y en el escenario electoral, persisten las tensiones por la violencia y las divisiones internas que ponen a prueba la capacidad de gobernabilidad del país.