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Gobierno propone traslado de $9 billones de fondos privados a Colpensiones para trabajadores de alto riesgo

Jaime Dussán

El Gobierno Nacional avanza en una propuesta que podría transformar el manejo pensional de miles de trabajadores en Colombia. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció que se busca trasladar los ahorros de afiliados a fondos privados que ejercen labores de alto riesgo hacia el régimen público, medida que implicaría recursos cercanos a los $9 billones.

Según Dussán, los trabajadores de sectores como bomberos, minas, construcción y funcionarios del sistema penitenciario no deberían estar en fondos privados, debido a la naturaleza de su labor. “Los fondos privados de pensiones se quedaron con la gente de alto riesgo, en una equivocación con la alcahuetería del gobierno. La gente de alto riesgo no puede estar afiliada a los fondos privados. Son más de 45 mil”, afirmó el directivo.

La intención del traslado busca que esos recursos se utilicen dentro del esquema público para fortalecer el sistema y garantizar beneficios a quienes nunca recibieron un bono pensional. “Si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones, me van a ayudar a mirar más recursos del Presupuesto General de la Nación, contribuir con el pilar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional de $300.000, que puede ajustarse cada año con el salario mínimo y el IPC, como lo ha propuesto el señor presidente”, agregó Dussán.

El presidente de Colpensiones también reveló que varios ministros del actual Gobierno ya enviaron una carta a los fondos privados exigiendo la devolución de los recursos de este grupo de afiliados. En paralelo, se han definido mesas técnicas para estudiar los mecanismos legales y financieros que permitan concretar el traslado.

La propuesta abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre el régimen público y los fondos privados, y plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica, la sostenibilidad del sistema y el impacto en los cotizantes que serían trasladados. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la medida es clave para garantizar un trato justo a quienes han puesto en riesgo su vida en el ejercicio de sus labores.