El Gobierno Nacional avanza en la estructuración de un decreto para declarar la emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, ante el posible aumento de la presión migratoria derivada de la situación que atraviesa Venezuela. La medida busca habilitar herramientas extraordinarias que permitan responder de manera rápida y articulada a los impactos humanitarios, sociales y de seguridad que se prevén en las zonas de frontera.
La información fue confirmada por un funcionario del Ministerio del Interior durante una intervención desde el Puesto de Mando Unificado, en la que participaron autoridades nacionales y territoriales. Según explicó, el Ejecutivo ya cuenta con un documento técnico consolidado, elaborado con el liderazgo de ministros y viceministros, que serviría como base para la eventual declaratoria de emergencia.
El proyecto se encuentra a la espera de lineamientos finales por parte de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, quien es el único facultado constitucionalmente para expedir el decreto una vez se configure formalmente el escenario de calamidad.
De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, la declaratoria permitiría adoptar medidas excepcionales que no pueden implementarse a través de los mecanismos ordinarios, especialmente en lo relacionado con la asignación de recursos, la atención humanitaria y el fortalecimiento de la seguridad en zonas críticas. El objetivo central es mitigar los efectos del incremento de los flujos migratorios y atender de forma integral a la población afectada.
Como parte del proceso, el Ejecutivo convocó al gobernador encargado del departamento y a los alcaldes de los municipios más impactados, con el fin de concertar y articular la aplicación del decreto bajo un enfoque coordinado entre la Nación y los territorios. Mientras se define la declaratoria, las autoridades continúan evaluando el alcance real de la crisis y los escenarios de respuesta.
Desde el PMU instalado en Norte de Santander, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, advirtió sobre la alta complejidad de la situación en la frontera colombo-venezolana, particularmente en regiones como el Catatumbo, donde confluyen economías ilegales, presencia de grupos armados y profundas vulnerabilidades sociales. En ese contexto, reiteró que el presidente Petro fue elegido democráticamente, en respuesta a cuestionamientos surgidos desde sectores internacionales.
Rodríguez señaló que los más de 2.200 kilómetros de frontera representan un desafío permanente para el Estado, pese al despliegue de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública. Alertó además sobre la amenaza que representan organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el ELN, cuya actuación incrementa los riesgos para la población civil.
La funcionaria enfatizó en la necesidad de una protección especial para niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y víctimas del conflicto armado, y destacó el rol de las organizaciones sociales y comunitarias en la construcción de rutas humanitarias y procesos de paz en los territorios afectados.
En el frente diplomático, el Gobierno anunció la convocatoria a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como solicitudes de reuniones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA y de cancilleres de la CELAC, con el propósito de articular una respuesta regional frente a la coyuntura.
En materia de seguridad, se confirmó el alistamiento pleno de una unidad móvil en Tibú, el fortalecimiento de equipos interinstitucionales y el primer grado de alerta de las Fuerzas Militares para atender eventuales situaciones de riesgo y garantizar la soberanía nacional. A esto se suma el despliegue de 30.000 soldados en puntos estratégicos de la frontera.
Finalmente, el Gobierno informó que Migración Colombia cuenta con una herramienta tecnológica para identificar y registrar a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país, con el fin de mejorar el control de los flujos migratorios y orientar una atención más eficiente y preventiva.


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